El PP de Madrid había decidido rechazar de plano el nuevo sistema -por insolidario, "inconsistente" y por beneficiar más que a nadie a Cataluña- y el consejero de Economía madrileño, Antonio Beteta no tuvo reparo en manifestar
en público la discrepancia con Rajoy. El líder nacional en cambio, sabedor de que el PSOE tenía la mayoría asegurada, quería dejar el camino despejado para que, manifestando su rechazo a la forma de reparto, las comunidades populares no tuvieran reparos en aceptar los
11.000 millones de euros en fondos adicionales que éste conlleva.

Así las cosas, y pese a la insistencia del equipo de Aguirre, la pregunta ahora es,
¿y cuánto nos toca? De momento, según anunció la ministra de Economía, Elena Salgado, las cantidades definitivas no se sabrán hasta el mes de septiembre, una vez que la ley de financiación haya sido aprobada en el Congreso y en comisión con cada comunidad. Se aplicará con efecto retroactivo de 2009, aunque sólo este año ya se cobrará alrededor del 58% de los nuevos 11.000 millones. El resto, se implantará y cobrará progresivamente hasta
2012. Lo más importante según el Gobierno es que se garantizan los servicios públicos básicos "a todos los españoles".
1.700 millones extras
Precisamente, las críticas más duras lanzadas por Madrid son porque
Cataluña, según ERC, ya sabe que recibirá alrededor de
3.800 millones de euros más que antes, "más que Andalucía y Madrid juntas". A Madrid, según el cálculo realizado por el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, sumará
1.700 millones de euros extras cumpliendo la principal reivindicación de Aguirre: se reconoce el crecimiento de la
población.
El socialista rechaza las críticas populares ya que Madrid, Valencia y Cataluña son las comunidades que más ven crecer sus cifras.
Esperanza Aguirre, demostrando que es imposible contentar a 17 comunidades y dos ciudades autónomas, le contestó que siguen sin reconocerse a 300.000 madrileños y que esto es "un asalto al bolsillo del contribuyente".
No en vano, Aguirre llegó a llamar personalmente a Zapatero y a Elena Salgado, remitiéndoles un documento con los cambios que propone la Comunidad de Madrid. Ni uno ni otro se han comprometido a nada, pero la presidenta aún confía en que durante la tramitación de la ley se puedan
conseguir algunas modificaciones.