El Ayuntamiento se exime de la huelga de M-30

Recordó a los trabajadores que desde el pasado día 12 están en huelga indefinida que sus funciones son de mantenimiento, y no de servicios de emergencia, ya que ellos no sustituyen a Bomberos y profesionales del Samur-Protección Civil, ni a la Policía Municipal.

Además, recordó que la organización sindical promotora de la huelga, CC OO, "ya denunció a Emesa ante la Inspección de Trabajo por motivos de seguridad laboral y al final sólo se encontraron motivos de inseguridad de la salud que fueron corregidos". "Éstos son trabajadores de mantenimiento con formación para realizar una primera intervención si es necesario. Pero no son un servicio de emergencias paralelo a los que de verdad tienen la competencia y velan por seguridad en todo el viario de Madrid, que son la Policía, los Bomberos y el Samur-Protección Civil. No se trata de que (su labor) se vea reforzada por la de los bomberos, sino que es al revés: son ellos los que refuerzan a los otros cuerpos", explicó el responsable de Movilidad.

Bajo seguimiento
Con respecto a la huelga que mantienen parte de los trabajadores desde el pasado día 12, Autrán señaló que la semana pasada "tuvo un seguimiento que no superó en ningún caos el 1,4 por ciento en cada turno", afirmación que levantó risas entre la quincena de trabajadores de Emesa presentes en el Salón de Comisiones del Edificio de Grupos donde se realizó la comparecencia. "El comité de empresa no está de acuerdo con la huelga y se desvincula de ella, como manifestaron ocho de los nueve componentes (del mismo), dos de los cuales son personal de primera intervención del propio sindicato convocante", continuó Autrán, a lo que algunos de los presentes respondieron con gritos de '¡Mentira!'.

Además, el responsable municipal aseguró que "la operatividad del servicio está plenamente garantizada a pesar de todo" y que "los tiempos (de atención en caso de emergencia) son plenamente satisfactorios, con plazos medios de 4 minutos en túneles y 19 minutos al aire libre para resolver incidencias". En concreto, según Autrán, de las 745 incidencias mensuales que se registran en la M-30, el 66 por ciento son vehículos averiados. Con respecto a la falta de formación específica que reclaman los huelguistas, el director general de Movilidad aseguró que "se imparte tanto con recursos externos como internos" y apuntó que el año pasado se realizaron 101 cursos para todo el personal de Emesa, con 30 horas específicas de primera intervención para los equipos responsables de las mismas.

Deudas
Por su parte, el portavoz de IU en la comisión, Ángel Lara, criticó que la paralización de las cantidades que la empresa adeuda a los trabajadores de 2007 y 2008 sí es un asunto meramente laboral, pero el que sólo haya "16 de los 80 oficiales de primera para el servicio de atención de emergencias en el túnel", no. Tampoco lo es que, como denuncian los huelguistas, Emesa haya "retirado los vehículos de primera intervención ni los equipos individuales con que se interviene en los siniestros".

Además, Lara citó diversos incumplimientos de los pliegos de condiciones en que, a su juicio, está incurriendo la compañía, como la falta de adecuación entre la categoría laboral requerida contractualmente a Emesa y la que tiene los trabajadores, el déficit de empleados en atención, la carencia de cursos de formación y la falta de homologación de los mismos, la ausencia de un Plan Específico de Seguridad en los túneles, el cierre de parte de las bases de la carretera, lo que "dificulta los tiempos de intervención"; y también el hecho de que "se multe a los trabajadores si superan los límites de velocidad". "Se prevé cuatro personas con un vehículo dispuestas para intervenir y con formación las 24 horas de día, los 365 días del año en los túneles, pero las bases llevan meses desatendidas porque la empresa ha puesto a los trabajadores a circular por la vía.

Por eso, la coalición de izquierdas exigió al Ejecutivo local que "exija a Emesa las funciones por las que se les están pagando 6.500 millones de euros" y que incluso lleguen a multar como ya se hizo con un valor de 700.000 euros por incumplimientos del contrato. "Si no es así, ustedes serán los únicos responsables de lo que pueda suceder en el túnel que sea imputable de una falta de seguridad", apostilló Lara.