González no despeja las dudas de la oposición sobre las adjudicaciones del Canal

Este miércoles, en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, el vicepresidente regional y responsable del Canal de Isabel II no pudo despejar las dudas de PSOE e IU sobre supuestas concesiones "dirigidas" a beneficio de amigos y familiares.

Al examen de la comisión se presentaban tres contratos. Los dos primeros, el de 'Servicios de limpieza de edificios de las oficinas centrales y otras dependencias exteriores del Canal de Isabel II' y otro destinado a 'Servicios de vigilancia y seguridad en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II', adjudicados a las empresas de Enrique Sánchez (Saminsa y Segurisa), en compañía de quien González viajó en 2008 a Johannesburgo.

En ese viaje, cuyo importe ha admitido haber pagado González con 8.000 euros en metálico, González habría sido espiado según un dossier que está siendo investigado por el juez. En el mismo, de procedencia aún desconocida, se insinúan El tercer contrato se refiere al de campo de golf de Chamberí, en cuya gestión y explotación habrían participado dos empresas (Tecnoconcret y de Tamanaco 07 Consulting) vinculadas a Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente hermano y cuñado del vicepresidente.

"Lo quieren liar todo"
González repasó las razones y los procesos técnicos que siguió cada uno de los contatos con todo detalle. Negó reiteradamente haber favorecido a nadie o que personas de su entorno figurasen en las empresas implicadas. Los tachó de "impecables" y recalcó que las propuestas ganadoras habían sido avaladas no por él, sino por cuatro técnicos competentes del Canal.

"Aquí no ha habido ningún trato de favor. Están dando palos de ciego a ver si lo lían todo. Ustedes no encuentran nada por que nada puede haber", reprochó como colofón el segundo de Esperanza Aguirre, que destacó que tanto los gobiernos de Joaquín Leguina, como los de Alberto Ruiz Gallardón y numerosas administraciones socialistas, incluido el Estado, han contratado a estas empresas sin que se les haya señalado por ello: "Yo no voy a poner en cuestión las adjudicaciones del presidente del gobierno ni voy a jugar con la honorabilidad de las personas. Si tiene alguna prueba vaya a los tribunales de Justicia".

Puntuaciones sospechosas
Para Livia Castillo (PSOE) y Reyes Montiel (IU), Ignacio González se dejó todas las preguntas importantes por responder. Éste no quiso referirse en ningún momento a su relación de amistad con Enrique Sánchez; le acusaron de mentir cuando dijo que no había adjudicado a éste ninguna concesión de la Comunidad y cuestionaron cómo las adjudicatarias de la polémica iban escalando puestos -pese a no ser las mejores ofertas- a medida que se resolvían los puntos de los respectivos concursos.

El también responsable del Canal de Isabel II defendió actuar en todo momento con rigor, dentro de la legalidad y apoyado en las decisiones "unánimes" del Consejo de Administración de la empresa de aguas, donde también están representados PSOE e IU. Por todo ello, recalcó que "no voy a consentir que vengan aquí a dejar caer cosas que no pueden acreditar". Castillo y Montiel en cambio criticaron la "farsa" de la sesión de la Comisión de Vigilancia y, en el caso de IU, reclamó la dimisión de González por no someter su actuación a la transparencia necesaria en la Administración Pública