Convocan una manifestación por los centros de menores

Según denuncia la asamblea, "en los centros gestionados por la fundación O'Belén se producen sistemáticamente asilamientos en celdas llamados 'separación de grupo', agresiones físicas que reciben el nombre de 'contenciones' por parte de los trabajadores y medicación forzosa con psicofármacos y sin supervisión médica".

Además, subrayan que "en los dos últimos meses un menor se ha suicidado y otros dos lo han intentado", y destacan que en manos de todos está "que todo esto termine".

El presidente de la ONG Protégeles, Guillermo Cánovas, exigió que se adopten responsabilidades "no sólo administrativas, sino también penales" para quienes hayan consentido los malos tratos en los centros de menores que denuncia el último informe del Defensor del Pueblo.

Cánovas incidió en que de confirmarse cuanto relata el Defensor en su informe, se trataría de "violaciones de los derechos humanos y sobre todo de los relativos a la protección del menor" cuyos convenios han sido firmados por España.

"Esperamos que se lleve a cabo una acción ejemplar con estos centros porque no podemos pensar que cuando mandamos a un niño a reeducar está siendo sometido a un trato vejatorio, de forma que al salir del centro su situación psicológica sea aún peor", afirmó.

La Comuidad lo niega
La Comunidad de Madrid negó este lunes que se vulneren los derechos de los jóvenes o que se maniate a alguien en el centro de menores de Picón, como señala en un informe el Defensor del Pueblo, aunque aseguró que oirá sus quejas y colaborará para "encontrar la mejor fórmula de funcionamiento de la institución en beneficio de los que allí residen".

Concretamente, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, de quien depende el único centro de menores regional de adaptación psicosocial de menores, afirmó que aún no conocen el informe del Defensor del Pueblo pero, cuando se lo presente, responderán a sus preguntas y objeciones "para llevar a cabo alguna recomendación y colaborar en mejorar la vida de estos jóvenes".

En un informe monográfico, Múgica señala, sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, que "muchos" de ellos vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de 'medidas educativas creativas' o 'medidas correctoras'.

   A este respecto, el departamento que dirige Engracia Hidalgo destacó que los 42 niños de entre 14 y 17 años internos en Picón son violentos y presentan, en algunos casos, problemas de droga y autolesiones. "Los niños que llegan al centro presentan trastornos de conducta muy severos y hay que aplicar medidas concretas para que no dañen al resto ni a sí mismos. Pero no se ata a nadie", replicó un portavoz.

Sin irregularidades
No obstante, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales advirtió que el departamento que dirige Enrique Múgica cerró hace días "sin indicios" de irregularidades una investigación similar sobre el centro La Jarosa-Tetuán.

Este centro, gestionado por la misma Fundación O'Belén, fue cerrado hace dos años por su limitado espacio y sus internos fueron trasladados al nuevo centro de Picón, ubicado en Paracuellos del Jarama, que dispone de más terreno e instalaciones deportivas. "La Fundación O'Belén es especialista en este tipo de tratamientos y tiene experiencia reconocida", agregaron desde el Gobierno regional.