El Ayuntamiento procedió al precinto del recinto tras solicitar, sin éxito, el abono de 118.000 euros en concepto de tasas y tributos locales. Según el sindicato, el administrador de la empresa en ningún momento aceptó como válido este requerimiento. No obstante, dos días antes fue registrada una propuesta de 59 plazos para solventar tal deuda. En esta propuesta, también fue presentado afianzamiento personal y solidario por valor de 150.000 euros.
En repetidas ocasiones, la administración del matadero ha manifestado la imposibilidad de ejecutar tal pago en un solo plazo después de haber sido acometida la reforma de las instalaciones. De realizarse, supondrían graves perjuicios que daría lugar necesariamente al despido de todos los trabajadores.
Ante este estado de cosas, UGT entiende que deben arbitrarse fórmulas que eviten el cierre definitivo de la empresa y sea considerado el último recurso presentado el pasado 23 de enero.
Así, UGT llama a la buena fe de las partes para alcanzar un acuerdo que permita la continuidad de la actividad del matadero, considere la difícil situación económica y financiera que padece la administración del establecimiento y ponga fin a la mayor brevedad posible al precinto, al objeto de que los trabajadores puedan continuar desempeñando sus funciones.
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