En 2006, UGT-Madrid ya emitió un voto particular en el seno del Consejo Económico y Social en contra del Decreto, donde se destacaba el problema para la salud que implica esta adicción, "primera causa de muerte evitable en esta Comunidad".
La aplicación del Decreto supuso "una grave discriminación" entre los trabajadores que se ven "obligados" a desempeñar sus competencias en condiciones de fumador pasivo, "con los riesgos de exposición a humo tóxico y cancerígeno durante la jornada laboral".
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, UGT consideró que este es un momento óptimo para iniciar las negociaciones entre los actores sociales "para garantizar la preservación de los derechos del conjunto de trabajadores, puestos de trabajo libres de la acción patógena grave del consumo de tabaco".
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