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Carlos Sainz, autorizado a construir un circuito sin licencia

Carlos Sainz, autorizado a construir un circuito sin licencia

lunes 15 de diciembre de 2008, 00:00h
El Ayuntamiento de Madrid permitió al piloto de rallys Carlos Sainz construir sin licencia de funcionamiento un circuito de 'Karts' en pleno corazón de Madrid, en el centro comercial Barrio Art Decó, según se supo durante la investigación del 'caso Guateque'. El supuesto cerebro de la trama, Victoriano Ceballos, acusó por su parte a Gallardón de "reventar" el sistema de licencias con la excusa del escándalo para dar entrada a entidades privadas.
El piloto obtuvo un informe favorable del departamento de Evaluación Ambiental del Consistorio madrileño tras una llamada recibida por el director de Obras y Vías Públicas, Ramón Sánchez López de Luzuriaga. La tramitación salió adelante pese a carecer de la preceptiva autorización emitida por la Junta Municipal de Latina, según informaron fuentes jurídicas.

El expediente relativo al Carlos Sainz Center, inaugurado en marzo de 2007, apareció entre los papeles intervenidos por la Guardia Civil al ex responsable del departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, Joaquín Fernández de Castro, en el marco del 'caso Guateque'. El magistrado mantiene imputadas a más de 80 personas vinculadas a la supuesta red corrupta municipal descubierta en noviembre de 2008.

El 10 de diciembre, Fernández de Castro compareció de nuevo ante el juez para explicar su intervención en la tramitación del expediente del bar de copas y restaurante Moma. Durante su interrogatorio, el juez le inquirió acerca de otros expedientes, como el del Carlos Sainz Center, en la calle de Sepúlveda número 3 y 5, a tenor de los papeles incautados en su despacho.

De Castro explicó que el director general de Obras y Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid, Ramón Sánchez López de Luzuriaga, le llamó para que le acompañara a visitar "una actividad" que había en la citada calle en la que "no había ninguna licencia concedida", por lo que "no tenían que haber comenzado no siquiera las obras". De Castro explicó al juez que, al día siguiente, el director general le enseñó un escrito en el que se acordaba devolver el expediente al concejal de la Junta Municipal, con "un informe muy duro en el que le indicaba que las obras no tenían que haber comenzado".

"Nuevamente, al día siguiente, le volvió a llamar el director general y le dijo que había habido unos cambios y que el expediente iba a volver a Medio Ambiente. Y ordenó que se procediera a realizar el informe ambiental", recoge la declaración, que añade: "Parece ser y, por referencias, que había urgencia y por la fecha para que se abriera la actividad en cuestión".

Fuentes jurídicas indicaron que el departamento de Medio Ambiente realizó el informe medioambiental, cuya tramitación se había negado al no tener licencia, cuatro días después de que el director general recibiera una llamada en la que se ordenaba que el expediente del circuito de Kart debía de seguir adelante, pese a carecer de licencia de funcionamiento.

"Gallardón quería reventar el sistema de licencias"
Por otro lado, el antiguo jefe del Departamento de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente Victoriano Ceballos, el supuesto 'cerebro' del 'caso Guateque', insinuó este lunes que Gallardón utilizó el escándalo como excusa para "reventar" el sistema de licencias y dar entrada a entidades privadas. El sistema vigente será reformado a raíz del escándalo para incorporar entidades certificantes privadas, con el visto bueno final del Consistorio madrileño, aseguró Ceballos.

"Gallardón quería eliminar el tradicional sistema de tramitación de licencias. No hay cohechos, ni gaitas. Se ha buscado una excusa para reventarlo. En el fondo, se buscaba terminar con el departamento de Evaluación Ambiental. Y al final, se lo cargó", aseveró Ceballos en los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde acudió para declarar sobre su participación en la tramitación del expediente del bar de copas Moma, cerrado el pasado 21 de noviembre por orden municipal al carecer de licencia de funcionamiento.

El ex jefe de División de Impacto, que se encuentra en libertad provisional, criticó que el juez Santiago Torres, que investiga la corruptela municipal, haya sobredimensionado la trama, puesto que "lo normal" hubiera sido abrir expedientes disciplinarios a los presuntos funcionarios implicados, en vez de "enviarlos al Juzgado". Además, criticó que, durante siete años, un solo funcionario se haya tenido que encargar de los informes de más de 3.000 expedientes. "Esto no tiene ni pies ni cabeza", denunció.

En cuanto a las supuestas órdenes que recibían para acelerar expedientes, insistió en que había "presiones" como "en cualquier trabajo", criticando que el juez se niegue a averiguar quiénes estaban detrás de las llamadas en las que se ordenaban acelerar determinado trámites burocráticos. "No se les investiga porque son políticos", apostilló. El pasado 2 de febrero, Ceballos manifestó que "solo se han adelantado los expedientes que decían los políticos que se adelantaran".

Expediente del MOMA

Ceballos compareció ante el juez para explicar la tramitación de la licencia del Moma, en la que intervino en 2002 para firmar el paso de su expediente a la comisión de Medio Ambiente que debía de evaluar el informe de impacto ambiental. "No sé ni lo que es el Moma ni qué actividad tiene. No me acuerdo de este expediente", alegó.

Al Moma se le investiga a raíz de una denuncia anónima presentada el 23 de diciembre de 2007. En el documento judicial, un particular aseguraba que en 2002 los socios del local pagaron 24.000 euros a la  funcionaria de la Junta de San Blas, Sara López, y regalaron un Mercedes al entonces concejal de Chamberí para acelerar la obtención de la licencia solicitada en 2002.

Luis Miguel Ramasco, uno de los propietarios del Moma en 2002, negó ante el juez este extremo, siendo respaldado por el actual gerente del local y por otro de los socios. Los responsables del Moma se declararon "víctimas" de la persecución contra los locales de ocio iniciada tras la muerte de Álvaro Ussía en la discoteca El Balcón de Rosales.

En los pasillos, Ramasco explicó que en 2002 solicitaron la licencia de funcionamiento como restaurante-espectáculos, pero se lo denegaron. Entonces lo llevaron a los tribunales. Un juez de lo Contencioso-Administrativo les interpeló en una sentencia favorable a subsanar las deficiencias relativas al aforo para obtener la licencia. El Ayuntamiento recurrió en apelación, desestimando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las alegaciones presentadas por el Consistorio madrileña y condenándole al pago de las costas.

En 2005, se solicitó la ejecución de la sentencia dictada por el TSJM, informando la Comisión de Medio Ambiente a los responsables del local que debían de pedir tres licencias de actividad para funcionar como cafetería, restaurante y sala de espectáculos. Por ahora, la sala cuenta con informes favorables de Medio Ambiente, Protección Civil y Sanidad. Una vez que cuenta con el visto bueno del informe técnico, podrán obtener los permisos para conseguir la licencia de actividad. Entonces, podrán recurrir el cierre ordenado el 21 de noviembre por el Ayuntamiento.

Ruber Internacional

Este martes desfilará ante el juez el propietario de la clínica Ruber Internacional de la calle Juan Bravo y su director financiero. El magistrado investigó a los directivos tras conocer, a raíz de una escucha telefónica, que los imputados Fernando Ruiz Torrejón y Santiago Castillo acordaron embolsarse 30.000 euros por la licencia de una reforma en la clínica. También declararán ese día los dueños de varios locales, situados en Concha Espina, Orense y Pintor Juan Gris.

El 17 de diciembre, comparecerán como imputados dos cargos de la compañía Ocaso y como testigo un funcionario de la Gerencia de Urbanismo. El juez mantiene ya como imputados a otros directivos por un delito de cohecho. Son Carlos Ruiz, Javier Zumalacárregui, Ramón Boticario de Zulueta y Máximo Agustín Cabanas. A la compañía se la investiga debido a que adjudicó el proyecto del cambio de uso del edificio de su oficina central a AC93, investigada por el juez.

Ese día, el instructor interrogará además al responsable de la cervecería Cervantes, en la plaza de Jesús. La imputación del dueño de esta cervecería se debe a la comisión de delitos urbanísticos por producción de alteraciones y obras sin licencia en edificios protegidos ubicados en la calle de Santa Lucía, Flor Baja y Piamonte. En este apartado, el juez amplía las imputaciones a otros empresarios por su relación con el anterior local.
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