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La denunciant debía pagar 67.500 euros en impuestos

Condenado a dos años de cárcel un funcionario que ofreció no pagar un impuesto a cambio de 30.000 euros

Por MDO/E.P.
viernes 16 de febrero de 2007, 00:00h
La Audiencia madrileña ha condenado a un funcionario de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid a dos años de prisión por haber propuesto a una amiga que archivaría el expediente de liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de sus padres, por el que tenía que pagar 67.500 euros, si a cambio le daba 30.000 euros. 

La sentencia considera probado que a finales de 2003 un funcionario interino de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid se puso en contacto con María Nieves H.C., a la que conoce desde hace once años pero con la que apenas ha tenido trato, para proponerle archivar el expediente de liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de sus padres que le correspondía revisar. 

La proposición consistía en que la mujer no pagara los 67.508 euros del impuesto si a cambio le daba 30.000 al funcionario. María Nieves H.C. denunció este suceso ante la Brigada Provincial de Policía Judicial, por lo que no se llegó consumar dicho ofrecimiento. El jurado popular, tribunal formado por once ciudadanos elegidos por sorteo, que el pasado 8 de febrero le declaró culpable, tuvo en cuenta la grabación de una conversación que se produjo en una de las numerosas llamadas que el funcionario hizo a la denunciante.

"Si me das 30.000 euros en metálico yo archivo el expediente y se acabó (...) porque cuando yo zanje el expediente, queda zanjado y queda sepultado en el archivo de San Fernando y bueno... hasta que se muera allí... o hasta que se lo coman los ratones".

La sentencia señala que el procesado se limitó a declarar durante el juicio que cuando escuchaba su voz "no la reconocía", aunque admitió que "podía ser suya". Mientras, su defensa alegó que "de la conversación telefónica se desprende que el dinero del que hablan es para ingresarlo en la Comunidad de Madrid, no para él".

El tribunal también tomó en consideración las declaraciones de las compañeras de trabajo del acusado, que confirmaron en la vista oral que sobre este impuesto "no cabía el archivo que proponía el encausado". Del mismo modo, añadieron que "los liquidadores no se ponen nunca en contacto con los contribuyentes, aunque si la iniciativa viene del contribuyente, los liquidadores responden a sus preguntas".

Asimismo, el tribunal desestimó la posibilidad de que ese dinero fuera para la Comunidad de Madrid porque el procesado dijo en una de las conversaciones grabadas: "yo te puedo dar un justificante, pero bueno es una cosa mía y tuya, o sea que luego no te sirve para justificar nada".

La Audiencia Provincial de Madrid le condena por estos hechos a dos años de prisión y le inhabilita para el desempeño de empleo o cargo público por un periodo de siete años. Además, tendrá que pagar una multa de 30.000 euros y deberá abonar las costas procesales. La sentencia no es firme, y contra ella cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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