Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada año, los ciudadanos europeos se deshacen de 1.300 millones de toneladas de residuos, equivalente a 3,5 toneladas por persona, de los que 40 millones son peligrosos. Además, la OCDE estima que en 2020 los países de la Unión generarán un 45% más de residuos que en 1995.
Con estas cifras de referencia, el Parlamento ha aprobado una revisión de la legislación marco existente sobre la gestión de residuos en la UE. La nueva propuesta tiene por objetivos reducir la cantidad de residuos producidos en la Comunidad, eliminar las ambigüedades de la normativa actual y aclarar la responsabilidad en la gestión de residuos bajo el principio de que "quien contamina paga".
Todos los estados miembros deberán lograr antes de 2012 que la cantidad de residuos producida sea igual o inferior a la de 2008. Asimismo, el Parlamento fija 2020 como la fecha límite para lograr una "reducción significativa" de la generación de residuos, aunque sin mencionar un porcentaje expreso. Los Estados miembros deberán velar por el cumplimiento de estos objetivos y para ello establecerán programas de prevención de residuos, "a más tardar, 18 meses después de la entrada en vigor de la Directiva". Además, los países de la Unión también se asegurarán de que las autoridades locales y regionales participan en la elaboración de los programas).
El pleno insta a los Estados miembros a que obliguen a los productores o importadores a "asumir su responsabilidad por los residuos que se generen como consecuencia de la comercialización de sus productos" . La enmienda establece la obligación de recogida de residuos para los productores y los importadores.
Una de las prioridades del Parlamento es reducir la cantidad de residuos incinerados, puesto que esta es una de las principales fuentes de contaminación ambiental. En el debate que ha precedido al voto, los diputados han tratado la cuestión de si la incineración debe ser considerada una forma de eliminación o una operación de valorización. La CE apoyaba la segunda opción.
Finalmente, los diputados han dado su visto bueno al principio de eficacia energética fijando los valores progresivos que los incineradores deberán respetar, pero no han admitido la idea de que se pueda considerar la incineración como una forma de aportar valor. Si esta opción se mantiene hasta el final del proceso de codecisión, los actores en gestión de residuos no podrán optar tan fácilmente como hasta ahora por la incineración.
El pleno ha aprobado también que los Estados miembros establezcan, en el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la Directiva, un sistema de recogida selectiva de residuos biológicos. Asimismo, también es relevante que, antes de su lagunaje o uso para mejora de suelos, los productores o poseedores han de someter los residuos biológicos a un tratamiento que garantice su inocuidad "en términos veterinarios y fitosanitarios". También se aplicará lo anterior a los residuos de cocina procedentes de restaurantes y establecimientos de restauración colectiva.
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