Ya se pueden poner quejas de empresas de Valencia y Murcia mediante videoconferencia

Mediante este novedoso programa piloto, todos aquellos que se desplacen a estas dos comunidades y tengan una queja de consumo con empresas que estén sitas en alguna de estas regiones, ya no tendrán que desplazarse para resolver su problema, sino que podrán asistir a la vista en su lugar de origen mediante videoconferencia.

"Estamos dando a los consumidores más facilidades para que puedan ejercer sus derechos", explicó este viernes la directora general de Consumo, Carmen Martínez de Sola, quien apuntó que "este sistema gratuito permite que cada parte exponga su versión de los hechos delante del tribunal arbitral y que éste tome una decisión".

Precisamente, esta semana se ha celebrado el primer telearbitraje con la región de Murcia, un caso que se resolvió de manera favorable al consumidor. La queja se expuso por parte de una consumidora madrileña que adquirió una cámara fotográfica en Murcia que se estropeó sin motivo aparente. Al llevarla al servicio técnico en Madrid, le aseguraron que no tenía solución, aunque debería pagar los costes en concepto de reparación.

La mujer, no contenta con la decisión tomada por parte de la empresa, reclamó la devolución del importe de la cámara o, en su caso, un aparato nuevo. Ante la negativa de la empresa, recurrió al sistema de arbitraje de la Comunidad de Madrid, que agilizó los trámites para que la vista por videoconferencia se produjese con la mayor celeridad.

En el caso de Madrid, ya son siete las localidades que disfrutan de este sistema, con lo que sus consumidores y empresas pueden resolver conflictos sin salir de su propio municipio. Estas localidades son: Collado Villalba, Galapagar, Madrid, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Alcorcón, que todavía se encuentra en fase de pruebas.

Al arbitraje de consumo pueden someterse reclamaciones que afecten a empresas adheridas a este sistema alternativo a los tribunales de justicia y que es totalmente gratuito para ambas partes. Sin embargo, esta práctica le supone a la Administración regional, un coste que supera el millón  y medio de euros al año, por lo que de Sola sugirió que con el nuevo decreto sobre el Sistema Arbitral de Consumo impulsado por el Gobierno Central, "también se incrementen las ayudas económicas, ya que se liberan más de 6.000 anuales a la justicia de Madrid".

Las quejas más comunes suelen ser en el caso de la telefonía, tanto móvil como fija e Internet, así como los alquileres en período vacacional, que no siempre cumplen los requisitos prometidos previamente al consumidor.

El consumidor que desee acudir al arbitraje para la resolución de sus quejas, sólo tiene que acercarse a una de las oficinas de consumo o bien descargarse el formulario de inscripción que aparece en la página Web: www.madrid.org, donde también podrá comprobar si la empresa con la que tiene el litigio figura entre las más de 17.000 inscritas en la Comunidad de Madrid. El que la empresa no esté adherida no supone un problema, ya que si el demandado está de acuerdo se puede continuar con el proceso arbitral.

El tiempo medio que se necesita para resolver una causa gira entorno a los cinco meses, tiempo inferior al que dedica la justicia. Además, el laudo que se emita será de obligado cumplimiento para ambas partes.