Madrid propondrá al Gobierno central un sistema solidario de financiación

El Consejo de Gobierno de la Comunidad decidió este jueves remitir al vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, diez propuestas que Madrid considera que deben incluirse en la reforma del sistema de financiación autonómica, que comenzará a debatirse en breve, según informó el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González.

A grandes rasgos, el Gobierno de Aguirre considera que en el reparto de los recursos públicos a las comunidades deben aplicarse los criterios de solidaridad, suficiencia financiera de las administraciones regionales, autonomía y consenso. González indicó que estos principios ya se aplicaban en el modelo aprobado en 2002, vigente en la actualidad.

No obstante, señaló el vicepresidente, la nueva negociación propuesta por el Gobierno surge como consecuencia de los "pactos políticos" a los que llegó el presidente del Gobierno con algunas comunidades. "Ha sido Zapatero con la connivencia de Solbes el que ha concedido diferentes modelos sobre inversiones publicas", aseguró. Y, ahora, el Gobierno es el que "tiene que resolver el sudoku, en términos de Solbes".

El decálogo que será remitido a Solbes incide en que el reparto de recursos sea solidario, de tal modo que "la interpretación de los Estatutos no suponga conceder privilegios a una comunidades sobre otras". Asimismo, indica que se deben respetar principios como el de la suficiencia financiera, con el objetivo de que las comunidades puedan prestar los servicios a los que deben ofrecer a los ciudadanos.

El Gobierno regional también solicita un aumento de los porcentajes de cesión a las comunidades del IVA, el IRPF y los Impuestos Especiales, que en la actualidad están en el 35, 33 y 40 por ciento respectivamente. González señaló que la antigua propuesta del PP para subirlos al 50 por ciento sería adecuada.

Una de las exigencias en la que el vicepresidente hizo más hincapié fue en el del reconocimiento del aumento de la población, que calificó de "criterio irrenunciable". El 'número dos' de Aguirre indició que este criterio está vigente en la actualidad, pero que desde hace no se actualiza la población de la Comunidad, que ha crecido en un millón de habitantes.

Además, el Gobierno regional se opone a la creación de agencias tributarias en cada comunidad, al considerar que generaría descoordinación; y espera que al acuerdo se llegue por consenso y sin negociaciones bilaterales.

Otro de los puntos del decálogo consiste en que el nuevo sistema de financiación incluya los costes de aplicación de la Ley de Dependencia, pues "tal y como está configurado el sistema supone una carga económica para las autonomías".

También se pide un sistema justo que reduzca las diferencias entre las financiaciones per cápita de las distintas comunidades y un sistema más dinámico que permita actualizar las necesidades de gasto público.

La lealtad institucional, es decir, que todos los servicios que deban prestar las comunidades estén dotados de recursos es otra de las peticiones de Madrid. Por último, el Gobierno regional también exige mayor autonomía en la capacidad normativa en relación a los presupuestos.