El PP defiende que la Funeraria da beneficios

Para poco les sirvió a PSOE e IU el 'Pleno express' sobre Funeraria. Habían llegado al Patio de Cristales de la Casa de la Villa, los ediles de Izquierda Unida de luto riguroso, con la intención de conseguir que se resolviese el contrato del consejero gerente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSF) y presidente de Funespaña, Juan Antonio Valdivia; la suspensión cautelar de la retribución a Funespaña del 20 por ciento de los beneficios; la recapitalización de la empresa destinando los beneficios anuales a incrementar las reservas voluntarias; el estudio del rescate del 49 por ciento de las acciones de la empresa; y el compromiso de no iniciar procesos de privatización de la empresa. Sin embargo, el grupo Popular, a través del delegado de Seguridad, Pedro Calvo, replicaron a cada una de las peticiones y las rechazaron finalmente.

Calvo alegó que el Gobierno municipal no es parte en el proceso y que se debe esperar a que la sentencia sobre el proceso de EMSF sea firma para tomar decisiones. Negó que en la venta de acciones de la Funeraria se produjeron "defectos formales" basándose en la sentencia de la Sala de los Contencioso Administrativo y la Audiencia Provincial.

Deudas resueltas
Sin embargo, admitió que se produjo la prevaricación del ex-teniente de alcalde, José María Huete en los hechos posteriores a la venta del 49 por ciento de las acciones de la empresa pública. Recordó que  en enero de 2006 el Ayuntamiento terminó de recibir los 2.274 millones de pesetas que le adeudaba Funespaña y que, desde 1993 a 2006 ha recibido 3.600 millones en dividendos. También se basó en la sentencia para restar importancia la actuación de José Ignacio Rodrigo, ex-presidente de la EMSF.

Punto por punto, el edil defendió que los delitos se cometieron en Funespaña y no en la Empresa Mixta, es decir, sin relación con el ente público. Acusó además a la oposición de que no se personasen en este delito. Indicó por tanto, que el despido del Valdivia se debía a un "reproche moral".

Valoró además los beneficios de la EMSF en estos 16 años de gestión y recordó que se ha eliminado la deuda, se ha recuperado el dinero que se le debía al Consistorio y se ha aumentado la efectividad de la empresa. En cuanto a la suspensión de la retribución, Calvo indicó que no se puede realizar esa acción "por un reproche al haber cometido un ilícito fiscal en Funespaña". Aconsejó, por otra parte, que se esperase a la resolución del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Recapitalización
La recapitalización la desestimó porque, según Calvo, "no está descapitalizada". Aseguró que la EMSF cuenta con un capital social de 2.061.970,90 euros, una reserva legal de 412.402,49, otra estatutaria de más de 600.000 y otra voluntaria de 42.031.051,77 euros. El edil avanzó que se está llevando a cabo un estudio financiero y jurídico para contemplar los escenarios derivados de la Sentencia del Tribunal Supremo y estudiar la posibilidad de recuperación o no de las acciones.

Por último, sobre el proceso de privatización,  aseguró que se está gestionando con el sistema que consideran más conveniente en este momento y que no saben qué medidas se tomarán en el futuro, pero aseguró que se garantizarán los empleos públicos (sólo se han reducido en catorce plazas la plantilla de empleados desde 1993).

Pelotazo fiscal
Por su parte, el secretario general del Grupo Municipal Socialista, Ramón Silva, tachó de "pelotazo" la actuación de Valdivia, afirmando que superó "al de Roca en Marbella" porque esta iniciativa empresarial "reportó a sus socios mayoritarios en los últimos años 210 millones de euros (incluyendo los beneficios de la participación de Funespaña en Bolsa) a raíz de la compra de la Funeraria, que les costó 100 pesetas".

Silva aseguró que la Empresa Mixta, desde la llegada a ella de Funespaña, obtuvo en los últimos 15 años unos beneficios superiores a los 9.000 millones de pesetas, generados por "la reducción de la inversión, la explotación de las anteriores y por el incremento de las tarifas de los servicios funerarios que pagan los madrileños". Todo eso cuando en 1992 Funeraria "era una empresa casi desconocida y con un capital ridículo".  Denunció, por último, el estado de las instalaciones y servicios funerarios a pesar de los beneficios que obtiene la empresa.

Por su parte, el portavoz de Movilidad y Seguridad, Ángel Lara, destacó durante su intervención que la sentencia de la Audiencia Provincial, producida hace un mes, condenó a los madrileños a "16 años de espera" (los transcurridos desde la denuncia interpuesta por IU en 1993 hasta que salió la sentencia) ante "unos hechos irrefutablemente probados (prevaricación, malversación y tráfico de influencias) pero prescritos", lo que afecta a "la credibilidad de la Corporación municipal".

"El Gobierno municipal no debe ni puede dar la callada por respuesta, sobre todo porque pensamos que el tiempo de presunción de inocencia ya ha pasado", señaló Lara tras afirmar que las actuaciones de los anteriores responsables municipales en la venta de la Empresa Mixta generaron un "quebranto para la Hacienda pública de 1.200 de pesetas". Lara describió a Valdivia como "un delincuente cuyo único mérito es que los delitos cometidos han prescrito".