Dancausa y Ongil apuestan por la gestión privada de la dependencia

"Si bien estos servicios tienen carácter público, el Ayuntamiento de Madrid los gestiona de forma indirecta. Tanto el tamaño del municipio como los recursos disponibles justifican este sistema mixto de servicios y el mayor volumen estña gestionado por empresas. Además, llevamos una tendencia al alza en este aspecto". Así lo expresó Concepción Dancausa, delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid, durante la presentación del Informe sobre la Dependencia en Madrid, realizado por la consultora Montoro y Asociados y encargado por CEIM.

Dancausa justificó este hecho por la "deficiente financiación" que acompañó la Ley de dependencia estatal, aprobada en 2006 por todos los partidos con representación parlamentaria y criticó que el Gobierno haya dejado en manos de las comunidades autónomas el desarrollo de la ley, lo que podría provocar, a su juicio, diferencias en el acceso a los servicios según la región en la que vivan los dependientes.

La delegada llamó la atención también sobre la "mucha mano de obra" que hará falta para atender a los dependientes, una labor que en su mayoría desempeñan los inmigrantes. De este modo, tanto ella como el presidente de CEIM, Arturo Fernández, llamaron la atención sobre la necesidad de formación especializada para estos trabajadores.

Por su parte, Gádor Ongil, consejera de Familia y Asuntos Sociales, se felicitó por el hecho de que en Madrid "las ratios y los índices de cobertura a las personas en situación de dependencia son los adecuados" y agradeció la "implicación de los empresarios" en esta tarea. El informe señala que el 74,9 por ciento de las plazas en residencias de mayores de la región están gestionados por entidades privadas (51,5 por ciento de gestión pivada pura); el 84,8 por ciento de las plazas residenciales para discapacitados y el 91,6 por ciento de los centros también son de gestión privada; y el 75,8 por ciento de las plazas no residenciales para este colectivo, también.

Todos ellos coincidieron en señalar la importancia de la iniciativa privada —con o sin ánimo de lucro— para atender la demanda del futuro, que estimaron en más de 360.000 madrileños para 2016, lo que supondrá un incremento del 60 por ciento respecto a la demanda actual.