La posible retirada de la presa de Miraflores de la Sierra ha reabierto un conflicto que combina seguridad, legalidad ambiental y gestión pública de infraestructuras obsoletas. La Confederación Hidrográfica del Tajo tramita en estos momentos el expediente de extinción de la concesión con la que se autorizó su construcción, mientras la Plataforma Ecologista Madrileña reclama que el procedimiento concluya de forma efectiva con la demolición de la infraestructura y la restauración del cauce del río. El caso afecta directamente al municipio de Miraflores de la Sierra, donde la presa lleva sin uso desde hace dos décadas.
La presa fue construida en 1975 con una altura de 36 metros y una longitud de coronación de 200 metros, empleando materiales sueltos y un núcleo de arcilla. Su finalidad original era garantizar el abastecimiento de agua, pero con el paso del tiempo la población dejó de depender de este sistema. Actualmente, el suministro se realiza a través del Canal de Isabel II, por lo que la infraestructura se encuentra en una situación de abandono funcional prolongado. Según la información técnica recopilada por colectivos ecologistas, la concesión administrativa que permitió su construcción llegó a su fin en marzo de 2025, tras 50 años de vigencia, obligando a revisar su continuidad o proceder a su extinción.
En este contexto, la Plataforma Ecologista Madrileña, integrada por ARBA, El Soto, Grama, Jarama Vivo y Liberum Natura, ha presentado alegaciones formales ante la Confederación Hidrográfica del Tajo para exigir que no se prorrogue la concesión ni se busquen usos alternativos que prolonguen la vida de la presa.
“La ley establece que el titular tiene que hacerse cargo del funcionamiento y del mantenimiento”
Según estas organizaciones, el entorno donde se ubica la infraestructura refuerza la urgencia de su retirada. La presa se encuentra dentro de la Red Natura 2000, en la Zona de Especial Conservación Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte, y es colindante con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, dos espacios de alto valor ecológico donde la conservación del ecosistema fluvial es una prioridad. En este sentido, los ecologistas sostienen que la presencia de una barrera física en un río de estas características supone una alteración del hábitat que afecta a la biodiversidad y a los procesos naturales de regeneración del cauce.
Antonio Martínez, portavoz de la asociación ecologista El Soto, explica en conversación con Madridiario que el mantenimiento de la presa en su estado actual “va a suponer problemas y sobre todo un coste muy elevado para los vecinos de Miraflores, porque la presa, aunque hasta ahora no se había hecho, hay que mantenerla”. El portavoz subraya que este espacio es una instalación que exige obligaciones permanentes de seguridad y control que no se están cumpliendo. “La ley establece que el titular tiene que hacerse cargo del funcionamiento y del mantenimiento”, señala, recordando que la responsabilidad recae directamente sobre el Consistorio.
El estado actual de la infraestructura refuerza la preocupación de los colectivos ambientales. La presa está clasificada como gran presa de categoría A, lo que implica que su eventual fallo podría tener consecuencias graves para núcleos de población o infraestructuras situadas aguas abajo. Sin embargo, según denuncian los ecologistas, el Ayuntamiento no ha cumplido con requisitos esenciales como la designación de un director de explotación o la elaboración de normas de explotación actualizadas. Tampoco dispone de un plan de emergencia operativo acorde con la normativa vigente en materia de seguridad de presas.
Martínez asegura que es “en una presa de categoría A, es decir, de envergadura, el mantenimiento es una obligación especialmente crítica, y el Ayuntamiento no está haciendo absolutamente nada”. “Hay vecinos que viven a 500 o 600 metros más abajo a pie de río”, recuerda, planteando la necesidad de una evaluación técnica actualizada del estado estructural de la presa.
El impacto ambiental es otro de los motivos que las organizaciones ecologistas han puesto sobre la mesa. La existencia de la presa interrumpe la conectividad ecológica del río Lozoya, impidiendo el libre tránsito de especies piscícolas como la trucha común, así como el movimiento de sedimentos, semillas y nutrientes esenciales para el funcionamiento del ecosistema fluvial. Según la Plataforma Ecologista Madrileña, este tipo de infraestructuras actúan como “tapones” que fragmentan los ríos y reducen su capacidad de autorregulación natural. “Los sedimentos son el material que necesitan los ríos para tener propia dinámica, para crear meandros, para depositarlos allí, recogerlos…”, explica Antonio. También señala la afectación a la fauna. “Hay un empobrecimiento en la capacidad de renovación de las poblaciones de peces porque no pueden remontar para hacer la reproducción”, destaca.
La Confederación Hidrográfica del Tajo se encuentra ahora en una fase clave del procedimiento administrativo. El expediente de extinción de la concesión se abrió al constatarse que la presa llevaba más de tres años sin cumplir la función para la que fue construida. Sin embargo, según advierten los colectivos ecologistas, estos expedientes suelen alargarse en el tiempo sin resolución efectiva, lo que provoca situaciones de bloqueo administrativo. “Pasan los 18 meses que establece la ley y se da por caducado el expediente y se empieza con otro expediente. Es una aberración”, ha resumido Martínez.
¿Quién asume el coste?
Uno de los puntos de conflicto más importantes es el coste económico de la retirada. El desmontaje de una presa de estas características puede alcanzar varios millones de euros. Esto ha llevado al Ayuntamiento a plantear posibles usos alternativos para justificar su mantenimiento. “Ahora dicen que puede ser un buen sitio para apagar incendios forestales”, comenta Antonio. Sin embargo, estas propuestas son rechazadas por los ecologistas, que consideran que existen alternativas más eficaces y menos costosas.
Para la Plataforma Ecologista Madrileña, la solución pasa por cumplir estrictamente la legislación vigente y avanzar hacia la demolición de la infraestructura con apoyo técnico y financiero de las administraciones superiores. “Algún día hay que parar y decir, vamos a abordar esto. No sirve dejarlo para futuros gobiernos”, concluye el portavoz de El Soto.
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