Maricarmen podrá permanecer en su domicilio al menos hasta el próximo 23 de septiembre. El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid ha acordado aplazar el lanzamiento previsto inicialmente para el 24 de junio tras estimar el recurso presentado por la defensa de esta inquilina de 87 años del madrileño barrio de Retiro que afrontaba este mes un nuevo intento de desahucio de la vivienda en la que reside desde hace siete décadas.
La resolución judicial considera que el anterior señalamiento no respetaba el plazo mínimo establecido en el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los casos en los que el inmueble constituye la residencia habitual del afectado. Por ese motivo, fija una nueva fecha para el lanzamiento el 23 de septiembre.
Sin embargo, el juzgado ha rechazado suspender el procedimiento en los términos solicitados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que había reclamado paralizar el desahucio hasta que las administraciones acreditaran haber buscado una alternativa habitacional para la afectada. En el auto, el órgano judicial sostiene que las distintas administraciones han contado con tiempo suficiente durante los anteriores aplazamientos para adoptar una solución.
El Sindicato de Inquilinas, que acompaña a Maricarmen en este proceso, denuncia que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid ni el Gobierno central le han ofrecido hasta ahora una vivienda alternativa. Además, recuerda que Naciones Unidas ha instado al Estado español a evitar el desahucio y a garantizar una solución residencial adecuada, concediéndole hasta diciembre para informar sobre las medidas adoptadas.
El caso se ha convertido en uno de los más representativos del conflicto por el acceso a la vivienda en la capital. Maricarmen afronta ya el tercer intento de lanzamiento desde que el edificio fue adquirido en 2018 por la empresa Urbagestión, una operación tras la que, según denuncian los colectivos que la apoyan, se planteó una subida del alquiler del 250%.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber planteado distintas vías para resolver el conflicto, entre ellas la compra pública del inmueble o cambios normativos que refuercen la protección de los arrendatarios, aunque afirma no haber obtenido respuesta institucional.
Tras el aplazamiento, las movilizaciones previstas se celebrarán el 22 de septiembre, un día antes de la nueva fecha fijada para el desahucio, al considerar que la prórroga judicial no resuelve definitivamente la situación de la octogenaria.
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