El Pleno de este jueves en la Asamblea ha sido uno de los más broncos que se recuerdan en Vallecas. Al menos en los últimos tiempos. De principio a fin, incendios en cada punto.
Primero, como de costumbre, con acusaciones cruzadas y de todo pelaje durante la Sesión de Control al Gobierno. Más adelante, en paralelo al debate sobre la necesidad de blindar -o no- la climatización de los centros educativos como uno de los derechos fundamentales recogidos en la Ley regional de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, de la mano de la expulsión del hemiciclo de las familias invitadas por Más Madrid.
Sin embargo, el apartado más polémico estaba aún por llegar. Se haría esperar, de hecho, hasta las menos mediáticas Proposiciones No de Ley (PNLs). Y, en concreto, hasta la única presentada en esta ocasión por el Grupo Parlamentario Popular. El objetivo último de esta iniciativa, poner sobre la mesa del Gobierno central la necesidad de "impulsar una reforma normativa integral del sistema de ejecución penal en materia de delitos de terrorismo" a fin de "reforzar el principio de legalidad, el control judicial efectivo y la protección de las víctimas".
En síntesis, el texto, aprobado finalmente con los votos a favor de PP y Vox, aboga por reformar la política penitenciaria relativa a los condenados por delitos de terrorismo para poner freno a los supuestos "beneficios" de los que estarían gozando en la actualidad los presos etarras como contraprestación al apoyo parlamentario de EH Bildu. Entre ellos, los "falsos terceros grados" o las "libertades condicionales arbitrarias" que "no responden al interés general" sino al de una "banda terrorista".
"El Gobierno de -Pedro- Sánchez está empeñado en pervertir nuestra democracia y en el Pleno de la Asamblea del día de hoy vamos a aprobar una iniciativa para instar al Gobierno a reformar distintas normas para evitar que tengan éxito esos pactos encapuchados con Bildu que les permiten sacar a la calle a presos de ETA antes de tiempo", explicaba, antes incluso del inicio de la sesión, el portavoz Popular, Carlos Díaz-Pache.
Y, acto seguido, apostillaba: "Los beneficios penitenciarios tienen que estar orientados solo a las personas que demuestren una colaboración efectiva con la justicia, un arrepentimiento y no deben hacerlo mediante pactos con sus brazos políticos".
Sin embargo, la cuestión, puesto que supondría la reforma de varios artículos del Código Penal, la Ley Orgánica General Penitenciaria, el Reglamento Penitenciario, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Estatuto de la Víctima, escapa a las competencias propias de cada región. También, claro, a las de la Comunidad. Y en el seno del Ejecutivo autonómico son perfectamente conscientes de ello. De ahí la fórmula elegida para su presentación: el ya de sobra conocido "instar al Gobierno de la Comunidad a que inste a su vez al Gobierno de España".
Fue precisamente esta cuestión, a ojos del PSOE-M una suerte de invasión competencial encubierta y que obedece a la estrategia de acoso y derribo contra el presidente Pedro Sánchez, la que comenzó a caldear los ánimos hasta culminar con la expulsión del hemiciclo, tras cuatro llamadas al orden a cargo de la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, de un parlamentario. Se trataba del socialista Fernando Fernández Lara, quien no dudó en confrontar, voz en grito pero sin turno de palabra, con la bancada Popular, quien le tildaba de "traidor a las víctimas del terrorismo".
Y, como desenlace definitivo, la salida voluntaria de la sala de buena parte de sus compañeros, todos aquellos que no debían defender ninguna proposición en los compases siguientes, a modo de protesta.
En suma, texto ratificado, aunque a priori no vaya a tener mayor recorrido tras su traslado a La Moncloa, y un Pleno que culmina con la enésima bronca de la jornada en Entrevías.
Si (
No(
