Desde el Museo Ulpiano Checa de Colmenar de Oreja, donde de forma excepcional se ha desarrollado este miércoles la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha dado a conocer importantes novedades a incorporar a la legislación madrileña en los próximos meses.
Por un lado, el visto bueno al Proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente, que, en consecuencia, arrancará próximamente el trámite parlamentario hacia su aprobación definitiva. Por otro, la ratificación del Proyecto de Decreto de Simplificación Normativa anunciado meses atrás por la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a fin de establecer la obligatoriedad de revisar la legislación cada cuatro años.
El primero, el Proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente aspira a "reforzar la seguridad jurídica" de los contribuyentes en su relación con la Administración y, de paso, "facilitar las gestiones fiscales" mediante la simplificación de las perceptivas gestiones burocráticas.
En paralelo, la nueva norma trae consigo la creación de la Oficina de Defensa del Contribuyente, "un órgano renovado" que sustituirá al anterior Defensor del Contribuyente para tramitar "de manera ágil" quejas y sugerencias, incidencias electrónicas o "deficiencias en el trato".
Otra de las novedades será la implementación de una "carpeta tributaria individualizada" que recoja toda la información fiscal del ciudadano. Desde este apartado, el contribuyente podrá seguir "en tiempo real sus expedientes".
Finalmente, la norma introduce mecanismos pioneros de cortesía institucional, obligando a la Administración a pedir disculpas formales cuando una sentencia firme reconozca una vulneración de derechos y a agradecer de forma expresa la colaboración ciudadana en los procesos de inspección que concluyan sin sanción.
Fuera como fuese, insisten desde Sol, la nueva regulación será de aplicación exclusiva a los tributos cedidos por el Estado, tales como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio o los Tributos sobre el Juego.
Normas con fecha de caducidad
El cónclave gubernamental en Colmenear de Oreja ha servido asimismo para dar luz verde al Proyecto de Decreto de Simplificación Normativa que establecerá una fecha de caducidad de cinco años para todos los reglamentos autonómicos de carácter organizativo, aquellos que regulan la estructura interna de la Administración autonómica, sus órganos, competencias, procedimientos internos y funcionamiento, salvo que "se determine la conveniencia de mantenerlas".
A este mismo respecto, quedaría excluidos los decretos de estructura orgánica y los órganos colegiados cuya creación venga regulada por otra ley.
El mismo texto establece asimismo la obligación de evaluar todas las normas cada cuatro años para contrastar si o no son verdaderamente eficaces en su cometido. Con ello se pretende "detectar y suprimir -o modificar- disposiciones que hayan quedado desfasadas o hayan perdido su utilidad".
Tal procedimiento incluirá una fase de consulta pública de, al menos, 15 días hábiles y culminará con un informe de la consejería competente, que propondrá su mantenimiento, modificación o derogación.
Además, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá formular en el periodo de un año desde la puesta en marcha del decreto una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos. Una medida encaminada a priorizar el silencio positivo en defecto de resolución expresa en plazo y hacer, además, "en beneficio de los ciudadanos".
Por último, la iniciativa incorpora un procedimiento abreviado, similar al de lectura única, para aprobar determinadas leyes que, "por su simplicidad", así lo permitan. Es decir, aquellas que no requieran de informes jurídicos previos y habiendo superado siempre "todos los controles y consultas pertinentes".
Para ello, se establecen plazos más breves para la emisión de los informes preceptivos y se prevé que determinados tramites se puedan realizar de manera simultánea para reducir plazos.
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