Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de reposición contra la licencia concedida por el Ayuntamiento de Los Molinos para construir una plaza de capeas y unos toriles en la finca conocida como Prado de la Guapa, situada en una zona de alta montaña, a más de 1.200 metros de altitud, dentro de un espacio que cuenta con múltiples niveles de protección ambiental.
La organización considera que la autorización otorgada por el alcalde de Los Molinos, Antonio Coello, también diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, es "ilegal" y constituye un nuevo episodio de un conflicto urbanístico y ambiental que se prolonga durante más de una década.
El origen del conflicto se remonta a una plaza de capeas construida años atrás en la misma finca y que acabó siendo objeto de denuncias, expedientes administrativos y órdenes de demolición por haberse levantando incumpliendo las condiciones de la licencia y ocupando la zona de protección ferroviaria de la línea Madrid-Segovia.
Segun la documentación a la que ha tenido acceso Madridiario, los propietarios de la finca obtuvieron en 2016 permisos para desarrollar instalaciones vinculadas a una explotación ganadera. La autorización contemplaba varias construcciones agropecuarias, entre ellas naves y corrales destinados al manejo del ganado.
Sin embargo, durante la ejecución de las obras comenzaron a aparecer elementos que, según denuncias desde Ecologistas, excedían ampliamente lo autorizado. Por ejemplo, lo que figura en los expedientes como un corral de sueltas terminó materializandose en una plaza taurina de dimensiones reglamentarias, con gradas para espectadores y dependencias propias de este tipo de instalaicones.
Las obras excedían ampliamente lo autorizado, según Ecologistas
Las discrepacinas entre lo autorizado y lo construido quedaron reflejadas en una inspección municipal realizada en marzo de 2018. El informe ténico recogía varios incumplimientos como la reducción de los retranqueos respecto a los previstos en el proyecto, la ampliación del diámetro del corral de sueltas desde los 19,20 metros autorizados hasta "casi 30 metros" y la construcción de las gradas que carecían de licencia municipal.
Como consecuencia de esas irregularidades, el Ayuntamiento de Los Molinos ordenó la suspensión inmediata de las obras mediante un decreto firmado en abril de 2018. En aquella resolución se advertía incluso de la posibilidad de ordenar la demolición de las construcciones si no se ajustaban a la licencia concedida.
A las irregularidades urbanísticas se sumó otro problema de especial relevancia. Y es que, la ubicación de la plaza se encontraba dentro de la línea de protección ferroviaria establecida por Adif.
Intervención de Adif y de la Delegación del Gobierno
Esa presencia de la plaza en la afección del ferrocarril acabó provocando la intervención de varias administraciones. Ecologistas en Acción denunció la situación y, posteriormente, tanto Adif como la Delegación del Gobierno actuaron sobre el expediente. Al final, la plaza quedó afectada por resoluciones que exigían corregir la situación y eliminar la instalaciónd e la zona protegida por la norma ferroviaria.
Según Adolfo Fernández, miembro de Ecologistas en Acción, la invasión de la línea límite de edificación de Adif terminó convirtiéndose en el elemento decisivo para su paralización. Fernández relata que los propietarios intentaron defender que la plaza no debía considerarse una construcción a efectos de la normativa ferroviaria y que, por tanto, no estaba sometida a las limitaciones de distancia respecto a la vía. Sin embargo, las administraciones competentes no aceptaron esa interpretación.
"La legalización del Gobierno se pronunció y pidió el derribo de la plaza. Además, en el permiso que había otrogado la Comunidad de Madrid se establecía expresamente que tenían que cumplirse las condiciones exigidas por Adif y claramente no se cumplían", explica Fernández.
La línea límite con Adif terminó convirtiéndose en elemento decisivo para su paralización
Tras ello, los propietarios presentaron un recurso contencioso-adminsitrativo contra el Ayuntamiento de Los Molinos después de que el Consistorio paralizara las obras cuando la plaza estaba prácticamente terminada. Según Fernández, en ese procedimiento judicial se defendía que la instalación debía ser legalización por tratarse de una actividad relacionada con espectáculos taurinos,considerados Bien de Interés Cultural. También se solicitaba que se otorgara una licencia de actividad que nunca había sido tramitada previamente. "Era una cosa un poco insólita, es decir, si yo hago un a plaza de toros, la puedo hacer en la Plaza de Oriente, aunque sea ilegal porque es una actividad de Bien de Interés Cultural", ironiza.
Al final, el procedimiento judicial fue retirado antes de celebrarse la vista. "Dijeron que retiraban el contencioso porque el Ayuntamiento le hab´ria concedido la licencia para hacer la plaza. Pero, en realidad, la licencia que le ha concedido el Consistorio es para derribar la plaza original y construir una plaza de características semejantes ya fuera de la línea de Adif", afirma Fernández.
La nueva licencia
Esa nueva licencia ha agitado la controversia. Según el decreto municipal, la actuación consiste en la demolición de los corrales, gradas y plaza de tientas existentes y su posterior instalación en la zona norte de la parcela, fuerta de la zona de protección ferroviaria.
El informe técnico municipal sostiene que las nuevas instalaciones estarán situadas a más de 70 metros de la vía del tren y que se ajustan a las condiciones urbanísticas vigentes. Asimismo, considera que se trata de obras menores por tratarse de construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica.
La liciencia autoriza la construcción de un nuevo corral de tientas circular con gradas de casi 30 metros de diámetro y un conjunto de corrales de manejo y embarcadero para ganado, con características similares a las instalaciones que deben demolerse. "Es un fraude de ley", apunta Fernández.
Uno de los argumentos centrales del recurso presentado por Ecologistas en Acción es que la nueva licencia se ha concedido como obra menor cuando, a juicio de la organización, deberían haberse tramitado mediante procedimientos urbanísticos más complejos. "El Ayuntamiento ha dado licencia de obra menor y, consecuente, es que esto es ilegal. O sea, por ejemplo, tú tienes que hacer un pequeño balcón o una piscina y tienes que pedir una licencia de obra mayor en una zona urbana", confiesa Fernández, que manifiesta que la intención es "favorecer al infactor".
Además, la organización ecologiasta denuncia que la documentación municipal se habría reproducido de forma incompleta a un artículo de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, al que se le habría "mutilado" una conjución para "cambiar el sentido del mismo, lo que puede implicar también a los funcionarios que han dado el visto bueno de la licencia".
El Ayuntamiento argumenta además que no es necesaria una nueva calificación urbanística de la Comunidad de Madrid porque la actuación no modifica lo susos ni la edificabilidad ya contempados en los permisos otorgados anteriormente.
Un enclave con numerosas figuras de protección
La nueva ubicación propuesta se encuentra también dentro de la finca Prado de la Guapa, un espacio que Ecologistas en Acción considera "especialmente sensible" desde el punto de vista ambiental.
La organización recuerda que el terreno está clasificado como Suelo Rústico de Protección por el Plan General de Ordenación Urbana de Los Molinos y que, además, se exuentra incluido en la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
A ello se suma otras figuras de protección, como su inclusión en la Red Natura 2000 dentro de la Zona de Especial Conservación Cuencia Río Guadarrama, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, la Reserva de la Biosfera de las Cuencas Altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, la presencia de Hábitats de interés comunitario y la consideración de parte d ela finca como monte preservado.
La sospecha de un uso distinto al ganadero
El núcleo de las críticas de Ecologistas en Acción va más allá de las cuestiones urbanísticas o ambientales. La organización sostiene que las instalaciones autorizadas bajo la cobertura de una explotación ganadera esconden en realidad una actividad destinada a la celebración de eventos y espectáculos.
De hecho, Fernández asegura que el tamaña de las construcciones, las dimensiones de la plaza, la existencia de grandes naves, explanadas acondicionadas y sistemas de iluminación hacen difícil encajar el proyecto dentro de las necesidades habituales de la explotación ganadera de apenas 4.8 hectáreas.
Desde la organización ecologista recuerdan además que en la instalación ya se celebraron varios eventos antes de que la plaza fuera demolida. Entre ellos citan una becerrada, una capea y una prueba incluida en un circuito nacional de recortes. Según los ecologistas, en algunas de esas celebraciones llegaron a congregarse miles de personas.
Ya se realizaron varias actividades lúdicas en el recinto
"La propia activdad desarrollada allí demuestra cuál era la finalidad real de las instalaciones", sostiene Fernández. Los ecologistas sostienen que los propietarios disponen de otros negocios relacionados con eventos y restauración en la comarca, circunstancia que, a su juicio, refuerza la sospecha de que la finalidad principal del complejo no es la actividad ganadera sino lúdica.
La organización sostiene que una actividad de este tipo implicaría la llegada de cientos de personas y vehículos a una zona protegida cuya acceso se realiza mediante una pista de tierra restringida habitualmente al uso ganadero. Además, alerta de posibles impactos derivados del ruido, la música, la iluminaciónnocturna y la concentración de público sobre el entorno natural y sobre las explotaciones ganaderas cercanas.
Fenández recuerda que el ganado puede verse afectado por situaciones de estrés derivadas de esta tipo de eventos y considera que al actividad resulta "incompatible" con los valores ambientales que justifica la protección del lugar.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado la anulación de la licencia y la paralización cautelar de cualquier actuación relacionada con la construcción de la nueva plaza y sus toriles mientras se resuelve el recurso presentado.
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