Durante prácticamente una década, entre los 17 y los 27 años, he permanecido vinculado a esta escuela, que ha sido un pilar fundamental en mi formación académica y humana, hasta completar recientemente el nivel C2 de inglés. Desde esta experiencia prolongada y directa, he podido observar una degradación progresiva del modelo de Escuelas Oficiales de Idiomas, en el contexto de las políticas educativas impulsadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, así como durante la gestión del exconsejero Enrique Ossorio y la etapa del actual consejero Emilio Viciana.
Sin entrar en valoraciones partidistas, sí considero necesario señalar una serie de decisiones estructurales que han tenido un impacto directo en el funcionamiento del sistema. Entre ellas, la eliminación tras la pandemia del examen de recuperación de certificación —que no ha sido restablecido— y el endurecimiento progresivo de los criterios de evaluación, hasta exigir niveles de desempeño muy elevados para poder certificar.
A ello se suma un elemento especialmente relevante: la obligación de repetir curso completo y volver a abonar tasas públicas cuando no se supera una destreza, lo que introduce una carga económica adicional que muchos percibimos como una forma indirecta de mercantilización del acceso a la certificación lingüística dentro del sistema público.
Tanto alumnado como profesorado hemos intentado, durante años, trasladar propuestas de mejora, quejas formales y solicitudes de revisión en lo relativo a este hecho como también al diseño de las pruebas, su transparencia y su adecuación a la realidad educativa del aula, entre otras muchas cosas. Sin embargo, la sensación generalizada es la de un diálogo institucional insuficiente o directamente inexistente.
El resultado de esta deriva es profundamente preocupante: miles de estudiantes están abandonando las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid para trasladarse a otras comunidades autónomas o recurrir a la enseñanza privada, buscando condiciones más estables o sistemas de certificación que perciben como más justos. Esta situación no es menor, ya que afecta directamente al principio de igualdad de oportunidades y al papel del sistema público como garante de acceso universal a la educación.
Considero que se está jugando con el futuro académico y profesional de muchísimas personas. Por ello, entiendo que la prensa tiene un papel fundamental no solo en reflejar esta realidad, sino en contribuir a su análisis y visibilización. Les animo respetuosamente a indagar en profundidad sobre lo que está ocurriendo en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid y a dar voz tanto al alumnado como al profesorado que lo está viviendo.
A pesar de haber finalizado ya mi formación en la Escuela Oficial de Idiomas de Alcorcón, esta institución sigue siendo para mí un referente esencial. Precisamente por ello siento la responsabilidad de alzar la voz ante lo que considero un deterioro significativo de su función pública.
Les agradecería sinceramente que pudieran considerar esta carta para su publicación, ya que creo que dar visibilidad a esta situación podría contribuir a un debate público necesario.
El resultado es devastador: miles de estudiantes se ven obligados a marcharse a otras comunidades autónomas o a refugiarse, quien puede permitírselo, en la enseñanza privada. Lo que se está debilitando no es únicamente una red educativa; es el propio principio de igualdad de oportunidades sobre el que debería sostenerse toda educación pública digna de ese nombre.
Sergio de Fuente Garrido
Si (
No(
