La tapia del cementerio de la Almudena no será, al menos por ahora, un Lugar de Memoria Democrática. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha zanjado la polémica sobre la protección de un lugar que fue escenario de miles de fusilamientos durante la posguerra apelando a una mezcla de caducidad administrativa y rigor técnico, distanciándose de la carga política que rodea al enclave.
Desde la presentación del Mutua Madrid Open, el regidor ha defendido que la decisión no es un capricho ideológico, sino una consecuencia legal inevitable. La postura del Ayuntamiento se sostiene sobre tres argumentos que van desde la burocracia pura hasta la interpretación histórica de los servicios funerarios. Por un lado estaría la caducidad del expediente, ya que el procedimiento administrativo ha vencido. Según Almeida, ignorar este hecho sería una ilegalidad: "Si el procedimiento ha caducado, eso no se puede ignorar".
Por otro lado, pesaría el criterio técnico. El regidor ha delegado el peso de la decisión en la empresa de Servicios Funerarios, cuyos expertos han analizado el muro desde una perspectiva histórica. La conclusión ha sido tajante: "No se dan los requisitos previstos en la ley para que se pueda declarar lugar de memoria democrática". Por último, el regidor recuerda que el lugar "ya hay un reconocimiento a las víctimas".
Una cuestión de responsabilidad institucional
Tras la información publicado por El País señalando que el Consistorio recurrió la declaración de espacio de memoria alegando que la notificación llegó fuera de plazo y que la medida busca "reabrir viejas heridas", Almeida ha defendido que el cumplimiento de la norma es una cuestión de responsabilidad institucional: "Si nosotros entendiéramos que a pesar de caducado habría que aplicar esa resolución, no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación como institución y por tanto no estaríamos cumpliendo con la ley".
Más allá de los informes técnicos, el alcalde no ha desaprovechado la oportunidad para cuestionar la esencia misma de la Ley de Memoria Democrática estatal. Para el primer edil madrileño, el origen parlamentario de la norma invalida su propósito de concordia. Almeida ha sido contundente al señalar que una ley aprobada con el apoyo de Bildu no puede ser de reconciliación, sentenciando que dicha alianza "lo único que busca es ahondar la división y el enfrentamiento".
Con este movimiento, el Ayuntamiento de Madrid devuelve la pelota al Gobierno central, señalando que, si realmente se desea reiniciar el proceso, es el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien debe mover ficha desde cero.
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