La Asamblea de Madrid ha dado luz verde, con el apoyo de PP y Vox, a una nueva ley que permitirá al Gobierno regional personarse como acusación popular en procesos penales relacionados con daños al patrimonio natural, histórico-artístico o a eventos públicos de especial relevancia. La medida surge tras episodios recientes como los incidentes registrados en una etapa final de la Vuelta Ciclista a España.
Durante el debate, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió que la Comunidad debe actuar ante este tipo de delitos y no permanecer pasiva. A su juicio, intervenir en estos procedimientos “no es una opción”, sino una responsabilidad para proteger el patrimonio común y la identidad regional.
La norma, tramitada por lectura única, amplía los supuestos en los que el Ejecutivo autonómico puede ejercer la acción popular, una figura que ya utiliza en causas relacionadas con terrorismo o violencia contra la mujer. Para ello, se modifican varias leyes autonómicas en materia forestal, de espectáculos públicos y de patrimonio cultural. El texto también contempla que la Comunidad pueda actuar como acusación particular o reclamar daños cuando se vea directamente afectada.
La izquierda cuestiona su encaje legal
Desde Vox, la diputada Ana Velasco respaldó la iniciativa, aunque criticó que no se hayan incorporado las enmiendas de su grupo. Defendió esta herramienta como un “pilar fundamental de la Justicia” y consideró que la ley va en sentido contrario a las reformas impulsadas por el Gobierno central, aunque la calificó de limitada en su alcance.
Los partidos de la izquierda, sin embargo, rechazaron con dureza el proyecto. La parlamentaria socialista Tatiana Jiménez advirtió de que la norma puede afectar al derecho de manifestación, al entender que busca llevar a los tribunales protestas ciudadanas. Además, cuestionó su encaje legal al recordar que el Tribunal Constitucional ya ha anulado iniciativas similares y que la futura reforma estatal podría dejarla sin efecto.
En la misma línea, Alicia Torija, de Más Madrid, restó utilidad a la propuesta y la calificó de “ley tirita”, al considerar que no resuelve problemas concretos y puede alterar el sentido de la acción popular, transformándola en una herramienta institucional en lugar de un mecanismo de control ciudadano.
El delegado acusa a Ayuso de instrumentalizar la Justicia
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado la ley aprobada por la Asamblea de Madrid y ha acusado al Gobierno regional de “seguir instrumentalizando la Justicia” y de “poner en dificultades aquel ejercicio del derecho de reunión”.
Sobre la norma, ha señalado que está “muy mal enfocada” y ha afirmado que “los madrileños merecen una nueva ley” que regule los espectáculos de manera adecuada y segura.
El delegado ha destacado que la modificación parcial de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 1997 “se está haciendo de una manera francamente irresponsable” y “de tapadillo, a través de una disposición transitoria de otra ley”.
Además, ha insistido en que cualquier nueva normativa debe contar con la participación de los responsables de seguridad y del sector privado. “Una ley que se desarrolla sin haber escuchado a los responsables de la seguridad pública ni de los grandes eventos es una mala ley”, ha zanjado.
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