La Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado el archivo de la causa abierta contra la exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, por presuntos delitos de corrupción vinculados a contratos municipales durante su etapa como concejal. Según el escrito al que tuvo acceso Europa Press, la fiscal pide el sobreseimiento provisional al no quedar "debidamente acreditados los delitos investigados".
El caso se remonta a denuncias sobre irregularidades en contratos con un empresario, que incluían supuestos pagos a la vivienda de Millán y contratos a familiares, investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, la fiscal subraya que "de las diligencias practicadas no ha quedado acreditado que Ana Belén Millán hubiese recibido ingresos por parte de Francisco Vicente R. B. por su condición de concejal ni su conexión con una actividad de ella en el ejercicio de su cargo".
El Ministerio Fiscal aclara que los ingresos investigados correspondían a rendimientos de trabajos efectivamente realizados o al alquiler con opción de compra de un ático, y no se ha probado ninguna "influencia" de Millán para favorecer a las empresas vinculadas al empresario. Asimismo, ni la documentación ni las declaraciones de testigos han demostrado vínculo alguno entre los contratos y los ingresos recibidos.
El PP celebra la petición de la Fiscalía
Desde el PP de Madrid han celebrado la decisión y han asegurado que la petición de Fiscalía "desmonta" 10 años de insultos e injurias por parte de PSOE y Más Madrid. En un comunicado, han subrayado que "Millán fue injustamente acusada desde hace 10 años por Más Madrid y PSOE por unos hechos que se han demostrado falsos", y han destacado que la Fiscalía asume el mismo criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha calificado el escrito de la Fiscalía como "contundente y demoledor" y ha criticado los "ataques políticos y mediáticos" que ha sufrido Millán durante años, así como el daño reputacional ocasionado por una investigación que se prolongó más de seis años.
El partido también ha incidido en que la UCO no detectó irregularidades en los contratos investigados ni ingresos injustificados vinculados a la condición de concejal de Millán. Por último, han solicitado a la Justicia que se pronuncie lo antes posible para "evitar más daño innecesario" y han recordado que se reservan "el derecho a cualquier acción judicial en defensa de la honorabilidad" una vez cerrado el caso.
La propia Millán ha agradecido las muestras de apoyo tras conocerse la petición de la Fiscalía. A través de su cuenta de Instagram, ha reiterado que “la verdad solo tiene un camino” y ha afirmado que seguirá esperando con prudencia y respeto a la Justicia.
Si (
No(
