Las cámaras de seguridad son la pieza clave en el juicio que ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid contra cuatro presuntos integrantes de los Dominican Don’t Play (DDP), acusados de participar en el asesinato de un joven de 21 años a la salida de una discoteca de Fuenlabrada en octubre de 2022.
La Fiscalía sostiene que el crimen fue una represalia en el marco de la rivalidad entre bandas juveniles. Los hechos se produjeron en la madrugada del 3 de octubre, tras un concierto celebrado en la discoteca Caña Brava. Según el escrito de acusación, el ataque fue planificado con antelación y ejecutado de forma sorpresiva en el exterior del local.
Un joven murió en el acto por un disparo en la cabeza y heridas de arma blanca. Otras tres personas resultaron gravemente heridas por disparos y machetazos, con lesiones que requirieron hospitalización y dejaron secuelas permanentes.
La acusación basa buena parte de su estrategia en las imágenes captadas por cámaras de la zona, que situarían a varios de los procesados en el lugar de los hechos un día antes del crimen, supuestamente preparando el ataque. También apunta a la utilización de una furgoneta con placas falsas para facilitar la huida.
Por estos hechos ya fueron condenados dos menores de edad como autores materiales de los disparos. Ahora se juzga al presunto cabecilla como autor intelectual y a otros tres supuestos miembros del grupo por su implicación en la planificación y apoyo logístico.
La Fiscalía solicita para el principal acusado la prisión permanente revisable por un delito de asesinato y tres en grado de tentativa, además de penas adicionales por tenencia ilícita de armas. Para otro de los procesados pide más de 20 años de prisión como cooperador necesario, mientras que un tercero se enfrenta a cinco años por pertenencia a organización criminal.
Los acusados niegan cualquier implicación en el crimen. Las defensas sostienen que ya existen condenas firmes contra los autores materiales y cuestionan que haya pruebas que acrediten una estructura organizada detrás del ataque. En uno de los casos, el letrado subraya que su cliente ni siquiera se encontraba en Madrid en la fecha de los hechos.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por la familia del fallecido, respalda íntegramente la petición del Ministerio Fiscal y reclama indemnizaciones. Sostiene que, aunque el supuesto cabecilla no estuviera físicamente en el lugar del crimen, existen conversaciones, seguimientos policiales y grabaciones que evidenciarían su papel en la planificación.
El juicio, que se prolongará durante todo el mes de marzo ante un jurado popular, deberá esclarecer si el asesinato respondió a una acción coordinada dentro de una organización criminal y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los procesados.
Si (
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