En el Ensanche de Vallecas, 220 vecinos se enfrentan a un desalojo anunciado. Las viviendas sociales en las que viven desde hace más de una década, gestionadas por la Fundación la Caixa, han sido vendidas a un fondo de inversión. Ahora, las cartas que llegan a sus buzones no son recibos del alquiler, sino notificaciones de fin de contrato. “Cada uno de nosotros tiene su historia”, dice Mercedes, una de las afectadas, que teme tener que abandonar su hogar el próximo octubre sin saber a dónde ir.
Las viviendas en cuestión se ubican en la CalleFresno de Cantespino y la calle Mazaterón y fueron promovidas por la Fundación la Caixa en el marco de su obra social para colectivos con dificultades de acceso a la vivienda: menores de 35 años, mayores de 65 o con rentas bajas. Cada piso (unos 40-45 metros cuadrados, una habitación) se alquilaba entonces por entre 400 y 600 euros mensuales.
El problema comenzó a tomar forma cuando esos contratos empezaron a no renovarse. Entre septiembre y octubre de este año, los inquilinos recibieron comunicaciones firmadas por la inmobiliaria de la fundación, la InmoCaixa, informándoles de que no se les renovaría el contrato y que debían abandonar la vivienda cuando el suyo venciera.
La razón oficial: la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de esos bloques había expirado, lo que permite que pasen al mercado libre. A partir de ahí, los nuevos propietarios o gestoras no tienen obligación de mantener el alquiler asequible ni la renovación automática de contratos.
Según los propios vecinos y colectivos que los apoyan, ya se han convertido en casi 220 familias afectadas, con plazos diferentes: algunos contratos vencen a finales de 2025 (31 de diciembre) y otros a lo largo de 2026.
Un deshaucio sin alternativa “real”
Mercedes Plaza es una de esas vecinas. Lleva once años viviendo en uno de los pisos de la calle Mazaterón, adonde llegó en 2014 tras salir de una situación de violencia de género. “Para mí se me abrió el cielo”, recuerda. “Llevaba seis años apuntada a las listas de vivienda de la Comunidad de Madrid y en dos meses me llamaron de la Fundación la Caixa. Fue un alivio enorme”.
A sus 60 años, Mercedes no solo teme perder el techo, sino también los recuerdos que guarda entre las paredes de ese piso de 40 metros cuadrados. “Yo tengo todas mis cosas aquí, las fotos de mi padre y de mi hermana, que ya no están. Lo tengo todo colocado a mi gusto, es mi hogar”, explica. Desde que recibió la carta que le avisa de que su contrato no será renovado y que deberá abandonar la vivienda el 14 de octubre del año que viene, vive en una especie de cuenta atrás.
Su situación económica hace imposible buscar una alternativa en el mercado actual. “Cobro 480 euros de la ayuda para mayores de 52 años, y con eso pago el alquiler y poco más”, cuenta. “Me dicen que entre en el sorteo de vivienda asequible, pero si ya tengo una vivienda asequible, ¿por qué tengo que volver a empezar de cero? No me dan opciones, no hay alternativa real”.
“Y yo no puedo acceder a los alquileres que hay ahora en Madrid. Una habitación ya cuesta 500 euros. ¿Qué voy a hacer con 480 al mes?”, se pregunta.
En su bloque, hay vecinos que están aún peor. Algunos ya han agotado su contrato y esperan la llegada de la policía o del juzgado para el desalojo. “Hay un vecino con discapacidad que está fuera de contrato, con un niño pequeño que se ha criado aquí. Cada familia tiene su historia”, describe Mercedes.
Mercedes sabe que no es la única. En los dos bloques, los pasillos se han llenado de conversaciones sobre fechas de vencimiento y cartas de aviso. Hay quienes deberán dejar su vivienda en Nochevieja, el 31 de diciembre de 2025. “Ese es el regalito que les dan por Navidad”, ironiza. “Por favor, hay que tener un poco de corazón. Yo llevo toda la vida trabajando, pagando mis recibos, haciendo las cosas bien. No quiero politiqueo, quiero soluciones. Lo único que pido es no verme durmiendo en un banco o bajo un puente”, manifiesta Mercedes, haciendo alusión a visita de partidos de la oposición (Más Madrid y PSOE) que se han acercado a las viviendas para conocer la situación de los vecinos y pedir al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid soluciones.
Desde la Fundación la Caixa han señalado a Madridiario que "a los inquilinos se les ha notificado, como siempre se hace, en tiempo y forma, y cumpliendo siempre con las condiciones de los contratos que han firmado ambas partes".
La Fundación ha añadido que, "en los casos en los que hay vulnerabilidad acreditada, se ha actuado siempre de la mano y de forma coordinada con la Administración para buscar alternativas residenciales a esas personas, como es la política de la compañía".
Además, han asegurado que van a facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables ha sido una prioridad durante décadas. "A través de los antiguos programas de Vivienda Asequible y Alquiler Solidario, la Fundación ha dado respuesta durante años a esta problemática".
Por último, la entidad ha manifestado que en los últimos años ha "reorientado sus líneas de actuación estratégica, centrando los esfuerzos en programas sociales, como los dirigidos al fomento del empleo, la lucha contra la pobreza infantil, el acompañamiento de los mayores, la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, o el impulso de iniciativas dirigidas a personas vulnerables a través de su programa de convocatoria y ayudas".
En el panorama político
El conflicto ha llegado también al terreno político. El asunto se debatió en el Pleno de la Junta Municipal de Villa de Vallecas del mes de noviembre, después de que el Grupo Municipal de Más Madrid, que previamente se había reunido con los vecinos afectados, presentara una proposición para que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) negocie con el fondo que ha adquirido los inmuebles su compra, con el objetivo de incorporarlos al parque público de vivienda asequible de la capital.
La iniciativa incluía además la paralización de los desalojos mientras se desarrollaran las negociaciones y la atención social prioritaria a las familias vulnerables por parte de los servicios sociales del distrito. Durante el debate, el concejal de Más Madrid José Luis Nieto subrayó que “son vecinos de nuestro distrito que, de la noche a la mañana, y por el simple hecho de que las casas en las que viven han dejado de estar protegidas, se ven obligados a marcharse y cerrar la puerta de esta etapa de sus vidas”.
Nieto reprochó al Partido Popular su falta de empatía y su alineamiento con los intereses financieros. “Una vez más queda claro del lado de quién están ustedes -afirmó- de los poderes económicos a los que no se cansan de poner alfombras rojas, convirtiendo Madrid en un coto de caza para las grandes fortunas que compran la ciudad a trozos y desalojan a los vecinos de toda la vida para hacer negocio”.
Desde el Grupo Municipal Popular, el portavoz adjunto Félix César Rubio presentó una enmienda, que no fue aceptada, para sustituir a la EMVS por la Sareb (que pertenece al Gobierno de España) en las negociaciones. Calificó la propuesta de Más Madrid de “ejercicio de demagogia e hipocresía” y pidió “contextualizar la situación”. Rubio argumentó que “estas promociones se construyeron al final de la burbuja inmobiliaria, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, creador de la Sareb y del Partido Socialista, que es a quien deberían dirigir sus esfuerzos, al Gobierno de la nación”.
El Partido Popular justificó su voto en contra alegando que la propuesta “trasciende al ámbito de lo privado y no puede sustanciarse en este pleno, ya que sería una negociación que deberían impulsar con el Ejecutivo central”
Por su parte, Vox optó por la abstención. Su portavoz adjunto, Luis Isaías Ramírez Gómez, enmarcó el debate en la crisis general de la vivienda en España. “Es un cúmulo de problemas que se han ido alimentando hasta convertirse en un entramado que el ciudadano común está pagando con alquileres altísimos y compras impensables”, señaló. Entre sus propuestas incluyó “habilitar más suelo urbanizable, simplificar la burocracia, derogar la actual ley de vivienda y crear una nueva con tolerancia cero a la ocupación ilegal”. También defendió la “regulación de las viviendas turísticas” y medidas para frenar la compra masiva de inmuebles por fondos extranjeros.
Proposiciones para el pleno del Ayuntamiento
El PSOE también denunció la situación de los vecinos y esta misma mañana se ha trasladado hasta las viviendas para conocer las historias de los afectados de primera mano. Una vez allí, la portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido “responsabilidades” al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por dejar “desamparados” a los vecinos de Villa de Vallecas.
Durante su visita, Maroto ha anunciado que el grupo socialista llevará al próximo Pleno de Cibeles una iniciativa para promover la intermediación institucional del Ayuntamiento, con el fin de garantizar que los afectados “puedan quedarse en sus hogares y ejercer su derecho a una vivienda digna”.
Entre sus propuestas figura la creación de un Protocolo Municipal de Protección frente a la venta de viviendas con uso social, que incluiría mecanismos de acompañamiento, información, mediación y evaluación social en cada operación. Además, plantean que el Ayuntamiento ejerza de manera obligatoria el derecho de tanteo y retracto en la transmisión de edificios con contratos de alquiler social, para incorporarlos al parque público de la EMVS.
“Se trata de adelantarse a que otros vecinos se vean abocados a desahucios o expulsiones”, explicó Maroto, que añadió que el protocolo permitiría “proteger la vivienda social que queda en la ciudad bajo el amparo de la EMVS”. El PSOE propone también la creación de una Oficina Municipal de Seguimiento de Vivienda Social, dependiente del Área de Políticas de Vivienda, para supervisar el cumplimiento de la función social de estos inmuebles.
Desde el Gobierno municipal, la vicealcaldesa Inma Sanz respondió acusando al PSOE de “hipocresía” y “doble moral”. En rueda de prensa, reprochó que los socialistas “no se manifiestan cuando el Gobierno de Pedro Sánchez vende viviendas públicas de la Sareb en Vallecas o Valdebebas, en lugar de destinarlas a vivienda social como prometieron”.
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