El pasado lunes 11 de agosto, la localidad madrileña de Tres Cantos vivió una tarde marcada por el miedo y la incertidumbre. Parece que la versión más verosímil acerca de la causa de uno de los incendios más graves registrados en la Comunidad de Madrid en el último lustro fue la llegada de una tormenta seca, con rayos y rachas de vientos superiores a los 70 kilómetros por hora. En poco más de media hora, las llamas avanzaron arrasando pinares y matorrales del Monte de Viñuelas, poniendo en peligro las viviendas limítrofes.
Maletas improvisadas, perros en brazos o personas a toda prisa fueron imágenes repetidas durante la jornada del incendio, mientras desde la capital se mostraba una inmensa columna de humo. Bajo este contexto, se estima que entre 180 y 200 residentes fueron desalojados de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente del Fresno y Ciudad del Campo. Los más mayores fueron conducidos a polideportivos habilitados como refugios temporales.
El balance, aún con la movilización de bomberos, brigadas forestales, la UME y Protección Civil, fue trágico. Un hombre con quemaduras en el 98 por ciento del cuerpo falleció en el hospital, viviendas afectadas y un ecosistema muy dañado. A pesar de que la extinción pudo declararse al día siguiente, esta catástrofe abrió un debate entre algunos de los vecinos del municipio y el Consistorio.
La Plataforma del Entorno Natural de Tres Cantos (Pn3c) ha emitido un comunicado muy crítico con la gestión del Ayuntamiento de la localidad, titulado 'Incendio Agosto: No hay prevención'. La entidad vecinal ha denunciado que el incendio del municipio ha visto agudizadas sus consecuencias por la ausencia estructural de políticas preventivas. “No tener ningún plan agrava la eventualidad del pasado lunes”, ha afirmado Santiago Abad, miembro de la agrupación. “Este incendio representa uno de los episodios más graves registrados en la región en la última década. Pese a que las labores de extinción movilizaron a numerosos equipos de emergencia, lo cierto es que este incendio pone en evidencia la falta de previsión y medidas preventivas en el municipio”, han señalado.
“No tener ningún plan agrava la eventualidad del pasado lunes”
El colectivo ha advertido que el entorno de Tres Cantos forma parte de un ecosistema protegido que “requiere protección” por su “singular ubicación”. Un paraje que es el “escaparate de la Sierra de Guadarrama” y que, además, algunas localizaciones como el Soto de Viñuelas forman parte de la Red 2000, la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. “Vivimos en una época en la que el entorno natural se encuentra bajo una presión que nunca antes habíamos presenciado”, han afirmado desde la asociación, subrayando que los paisajes forestales no son solo decorado, sino “cimientos que sostienen nuestra existencia, fuentes indispensables de aire limpio, agua potable, alimentos y bienestar”.
Inexistencia de planificación
El reproche principal iba dirigido, sobre todo, a la ausencia de planes normativos. Según Pen3c, el municipio tricantino debería haber sido declarado desde hace años Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZAR), condición que obliga a los ayuntamientos a elaborar un Plan Municipal de Actuación ante Incendios Forestales (Pamif). Sin embargo, “el municipio no cuenta con este instrumento básico, ni con los Planes de Autoprotección (PAIF) exigidos a urbanizaciones e instalaciones situadas en zonas forestales o limítrofes”, ha explicado Abad. Desde la plataforma también han apuntado que las urbanizaciones carecen de protocolos de evaluación claros así como de infraestructuras esenciales. “No existen hidrantes de agua en Soto de Viñuelas, lo que supone una carencia gravísima en caso de emergencia”, han apostillado.
La Plataforma Ecologista Madrileña (integrada por ARBA, El Soto, Grama, Jarama Vivo y Liberum Natura) se ha unido a a denuncia de la plataforma de Tres Cantos, exponiendo que en la Comunidad de Madrid existen más de 2.000 edificaciones, urbanizaciones y actividades económicas situadas en suelo forestal o en sus alrededores que no cuentan con planes de autoprotección frente a incendios. Según el colectivo, esta carencia deja expuestas más de 20.000 hectáreas consideradas de alto riesgo, una cifra que podría ser aún mayor debido a la presencia de construcciones irregulares.
En este sentido, la agrupación vecinal de Tres Cantos ha trasladado a este periódico digital unas demandas muy concretas para el Ayuntamiento. El colectivo ha señalado que “no existe información oficial”, por lo que reclaman un informe detallado de daños público y transparente; la puesta en marcha inmediata de medidas de restauración, con especial atención a las familias afectadas y a la fauna; la apertura de una investigación sobre las causas del incendio y el cumplimiento del Decreto 59/2017, que obliga a declarar ZAR a municipios en situación de riesgo, elaborar el Pamif y desarrollar planes de autoprotección en urbanizaciones periurbanas.
Por su parte, el Ayuntamiento del municipio, ha aclarado que la declaración como Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZAR) no depende del Consistorio sino de la Comunidad de Madrid, “quien establece estas zonas basándose en la frecuencia o virulencia de los incendios y la importancia de los valores amenazados”. En este sentido, señalan que el Gobierno regional ya ha manifestado su disposición a valorar una actualización de las ZAR conforme a la última normativa estatal. Asimismo, han recordado que Tres Cantos no está obligado a contar con un Pami, por no estar catalogado de ZAR, aunque “el municipio cuenta con un Plan de Alarma, Evacuación y Protección Civil en supuestos catastróficos para el AR Nuevo Tres Cantos, que limita en parte con la zona más afectada”.
"Las zonas de alto riesgo de incendios forestales son determinadas por la Comunidad de Madrid"
En relación con las medidas de restauración y prevención, el Consistorio tricantino ha explicado que “gran parte de la vegetación arbórea afectada se recuperará rápidamente por las características del incendio”. Además, fuentes municipales han insistido en que la lucha contra los incendios es compartida. “De hecho, las parcelas afectadas son privadas y compete a los propietarios mantenerlas en condiciones que eviten los incendios a través del desbroce, limpieza de vegetación, la restricción en el uso de maquinaria que puedan generar chispas o fuego, etc.”, han destacado. También, el Ayuntamiento ha asegurado haber realizado trabajos preventivos tanto el pasado invierno como en los días previos al incendio.
El calor extremo y la sequía
Este verano, la Comunidad de Madrid se ha visto golpeada con dureza por los incendios forestales, en un contexto nacional que ya es considerado el más grave en tres décadas. El Plan Infoma 2025, presentado en junio con un presupuesto cercano a los 51 millones de euros y un despliegue de casi 6.000 efectivos entre brigadas, agentes y voluntarios, además de helicópteros, drones y torres de vigilancia, no ha podido evitar que el fuego arrasara más de 3.500 hectáreas en la región, por encima de la media de los últimos seis años. Pese a las labores preventivas en 6.500 hectáreas, los incendios han mostrado una intensidad inusitada, con ejemplos como el ya tratado de Tres Cantos, que calcinó alrededor de 1.500 hectáreas y dejó un fallecido; o el de Colmenar Viejo, donde las llamas obligaron a evacuar a cientos de vecinos y pusieron a prueba la coordinación de los servicios de emergencia.
En el conjunto del país, los incendios han arrasado ya más de 380.000 hectáreas en lo que va de año, con más de 31.000 evacuados y al menos cuatro fallecidos, lo que sitúa a 2025 como el peor año de las últimas tres décadas. Entre los siniestros más graves destacan los registrados en Galicia y Castilla y León. En Ourense, el fuego de A Rúa calcinó más de 44.000 hectáreas, mientras que en Zamora el incendio de Uña de Quintana arrasó otras 40.000. También en León, Benuza perdió más de 32.000 hectáreas de masa forestal. Estos episodios se cuentan ya entre los cinco más destructivos del siglo en España.
Aunque los expertos insisten en que por cada euro invertido en prevención se ahorran cien en extinción, las políticas siguen centradas en la respuesta de emergencia más que en la gestión forestal sostenible. La experiencia de este verano negro refuerza la idea de que, sin un giro decidido hacia la prevención, la Comunidad de Madrid y el conjunto del país seguirán expuestos a incendios cada vez más destructivos e incontrolables.
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