La crisis migratoria en ciernes continúa dando de que hablar. A escala nacional, por supuesto, pero también en la región. Y es que la polémica en torno a qué nivel de la Administración debe hacerse cargo de los menores que llegan a las costas de nuestro país mantiene en un tira y afloja constante desde hace meses a los gobiernos central y autonómico.
Por norma general, tal y como apuntan las competencias autonómicas recogidas en el Estatuto, serían las propias comunidades las encargadas de ofrecer alojamiento, manutención y otros servicios básicos, tales como la Educación y la Sanidad, a estos jóvenes. En el caso de solicitantes de protección internacional, sin embargo, el asunto cambia por completo, cediendo el testigo al mismo Estado.
Así lo defienden, al menos, desde la Comunidad de Madrid. Por voz de su portavoz, Miguel Ángel García Martín, el Gobierno autonómico ha remitido ya un requerimiento dirigido a La Moncloa para que sea la Administración General del Estado quien asuma los costes ligados a la atención integral que recibe medio centenar de menores migrantes solicitantes de asilo que actualmente residen en distintos centros de titularidad regional.
Se trata, ha apostillado el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, del paso previo a la interposición del pertinente recurso ante en Tribunal Supremo. Un paso que, confía, no sea necesario dar.
"El marco legal dice que la atención debe venir de parte de la Administración General del Estado. Ya hay sentencias al respecto en Canarias y pedimos que se haga lo propio aquí. Tienen un mes para responder y, si no, presentaremos un requerimiento ante el Supremo. Esperemos que no llegue. Lo lógico y normal sería que asumiesen sus competencias. Sería lo razonable en un Gobierno razonable. Pero con Pedro Sánchez...", ha lanzado García Martín.
En concreto, el requerimiento elaborado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Ana Dávila alude en primer lugar al artículo 149 de la Constitución Española, donde se establece la competencia exclusiva del Estado sobre inmigración, extranjería y derecho de asilo. Argumento reforzado asimismo por los últimos autos del Tribunal Supremo que recuerdan el sistema de acogida específico al que estos menores tienen derecho como solicitantes de protección internacional.
Algo muy similar ocurre a nivel municipal. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha manifestado su intención de llevar al Gobierno central a los tribunales ante la "decepcionante" respuesta de los ministerios de Interior y Migraciones sobre la situación de los solicitantes de asilo que se encuentran acogidos en recursos municipales.
Así lo explicó el pasado mes de junio la actual alcaldesa en funciones, Inma Sanz, alertando de que los servicios jurídicos del Consistorio están ya evaluando los próximos pasos legales a seguir para defender sus intereses.
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