La Comunidad de Madrid ha formalizado por tercera vez un recurso ante el Tribunal Supremo, argumentando que el último decreto estatal sobre la distribución de menores inmigrantes no acompañados "vulnera de nuevo competencias autonómicas".
Este recurso judicial al que ha tenido acceso Europa Press, surge tras la presentación de dos anteriores por parte de la Administración autonómica: el primero se interpuso contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo, contra el Decreto de desarrollo que fue aprobado en la misma línea en el Consejo de Ministros el 22 de julio.
La Comunidad de Madrid, junto con otras diez comunidades autónomas, impugnó el primero ante el Tribunal Constitucional debido a que "invade competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, no atiende a una justificación de urgencia y utiliza un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas".
El Gobierno regional presentó el segundo recurso ante el Tribunal Supremo el 30 de julio, en oposición a la normativa que fue aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio. Esta normativa establece las medidas a seguir en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, con el objetivo de proteger el interés superior de los menores y adolescentes inmigrantes no acompañados desde Canarias.
En línea con lo que adelantó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante el último Consejo de Gobierno, el Ejecutivo autonómico ha formalizado ahora este nuevo recurso.
Recurso admitido a trámite.
El consejero ha comunicado que el recurso presentado en julio por la Comunidad de Madrid, en oposición al decreto estatal sobre la distribución de menores inmigrantes no acompañados, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo debido a la vulneración de competencias autonómicas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado en redes sociales que la política migratoria del Gobierno "está fuera de control". Ha enfatizado que "además, trae menores con perfiles cada vez más complejos que después abandona para contentar a cuatro demagogos y a sus socios".
La líder de la Comunidad de Madrid también ha afirmado que "cumple con la ley" su gobierno y ha manifestado que "no hay nada peor que tratarles como mercancía". Además, ha evaluado que "es urgente que Sánchez ponga fin a este despropósito que colapsa centros, recursos y que sólo irá a peor".
El Gobierno regional presentó el 30 de julio su segundo recurso ante el Tribunal Supremo, en solitario, contra la normativa que fue aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio. Esta normativa establece las medidas a implementar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para salvaguardar el interés superior de los menores inmigrantes no acompañados desde Canarias.
El reparto de menores ha sido acordado "con partidos independentistas", lo que, según el consejero, favorece a Cataluña y al País Vasco en detrimento de las demás comunidades autónomas. Además, el consejero opina que esto "aboca a una desigualdad entre regiones", ya que no asegura la financiación necesaria para atender a los menores desplazados. El portavoz del Gobierno autonómico afirmó: "No vamos a ser cómplices de una política migratoria fallida".
La Comunidad de Madrid también ha exigido la remisión de la información utilizada para el reparto forzoso de menores no acompañados entre las distintas regiones, excepto País Vasco y Cataluña, a través de diversas vías. Este proceso es considerado por la Comunidad como "arbitrario, opaco y discriminatorio".
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