La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reprochado que el Gobierno madrileño siga sin enviar el registro de médicos objetores de conciencia para la interrupción del embarazo. Según García, la postura de la Comunidad de Madrid supone un bloqueo que afecta tanto al acceso de las mujeres al aborto, cuyo derecho "pone en jaque", como a la protección de los profesionales que prefieren no practicarlo.
Las declaraciones llegan después de que el pasado viernes venciera el plazo de un mes que el Ministerio de Sanidad dio a la Comunidad de Madrid para remitir la lista de médicos acogidos a la objeción de conciencia en materia de aborto.
Durante su intervención en el foro Metafuturo, organizado por Atresmedia, García ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de mantener una ofensiva que, a su juicio, trasciende al Gobierno central. “Es contra las mujeres, contra la propia democracia y también contra el resto de los presidentes autonómicos del PP”, afirmó.
La ministra también sostuvo que la actitud del Ejecutivo madrileño contrasta con la elaboración, en su momento, del registro de objetores para la ley de eutanasia. Defendió, además, que estos listados sirven para asegurar el acceso a las prestaciones sanitarias y, al mismo tiempo, proteger la objeción de conciencia de los profesionales.
Ante la ausencia de respuesta, el Gobierno central ha puesto en marcha un procedimiento contencioso-administrativo, actualmente en manos de la Abogacía del Estado. “Solo pedimos una cosa muy sencilla: que se cumpla la ley”, zanjó García.
Ayuso dice que "sólo un dictador" obligaría a ello
Antes, Ayuso, había respondido este lunes a las críticas del Gobierno central sobre la falta de envío del registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, asegurando que solo “un dictador” puede obligar a los sanitarios a hacer “lo que no quieren”.
En declaraciones a los medios antes de participar en un foro en la sede de la CEOE, Díaz Ayuso había cuestionado la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afirmar que piensa que los españoles son “tontos” y viven “en un mundo paralelo al suyo”. La presidenta recordó que en Madrid se practican uno de cada cinco abortos en España, de los cuales el 10 por ciento proceden de otras comunidades autónomas, y defendió que existe libertad para los pacientes, pero también para los profesionales que deciden ejercer o no este derecho según su conciencia.
Díaz Ayuso ha calificado de “leyes sectarias” aquellas que ignoran los derechos de los sanitarios y ha insistido en que el registro de objetores debe ser decidido por un tribunal, y no impuesto por un Gobierno que, a su juicio, redacta normas “contra la libertad en todos los aspectos”. “Prefiero encomendarme a las decisiones de la justicia”, ha apostillado, criticando además que el Ejecutivo central utilice “temas tan sensibles y con tantas aristas” como la objeción de conciencia para generar polémica política.
Anteriormente, en sus redes sociales, la presidenta había reiterado que su Gobierno defenderá el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia y recordó que el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado.
Con estas declaraciones, Ayuso responde a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien había reprochado que la Comunidad de Madrid bloquea tanto el acceso de las mujeres al aborto como la protección de los profesionales que prefieren no practicarlo. Ante la falta de remisión del registro, el Gobierno central ha iniciado un procedimiento contencioso-administrativo a través de la Abogacía del Estado, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ley.
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