Miles de personas se movilizan por una vivienda digna y llaman la huelga de alquileres

Ha tenido lugar este sábado la primera manifestación de carácter estatal en demanda de una vivienda digna y el cese de la especulación se lleva a cabo en más de 40 ciudades españolas, incluida Madrid.

Bajo los lemas 'Acabemos con el negocio de la vivienda' y 'Bajemos los precios, a por la huelga de alquileres', un convoy de manifestantes han partido desde la estación de Atocha hasta la Plaza de España. La convocatoria ha sido organizada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya y diversas organizaciones sociales.

Miles de personas se han congregado en Madrid, levantando sus voces con lemas como 'Caseros ladrones', 'Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general', 'Madrid será la tumba del rentismo', 'Rentistas culpables, Gobierno responsable' y 'A los rentistas os queremos preguntar, ¿Cuánto tiempo podéis aguantar cuando todas os dejemos de pagar?'.

✊🏽AQUÍ ESTÁ EL PODER INQUILINO

🟠 Hoy #5A Madrid se vuelve a teñir de naranja. Más de 150.000 voces contra el negocio de la vivienda‼️#YoVoy5A pic.twitter.com/E0e7vA6Vnm

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) April 5, 2025

El Sindicato de Inquilinos insta a la huelga de alquileres

La portavoz del sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha instado a "medio millón de hogares cuyos contratos acaban este 2025 a quedarse en casa y resistir". "Se acabó marcharnos de nuestros barrios, de nuestras casas, o incluso de nuestras ciudades cada cinco o siete años; basta de irnos con la cabeza baja, basta de desahucios invisibles", ha afirmado en el contexto de reivindicar la huelga de los alquileres como un derecho.

En este contexto, se ha señalado que los bloques vecinales que luchan contra los fondos buitre han conseguido reducir sus alquileres en un 30 por ciento gracias a las huelgas. Racu ha afirmado: "Cuando nos organizamos, somos indesahuciables", mencionando también a las entidades con las que están en conflicto, tales como Alquiler Seguro, La Caixa y Blackstone, entre otras.

Las instituciones han sido objeto de críticas por parte de Racu, quien las culpa de la situación actual: "Se comportan como verdaderos buitres en la vivienda pública", ha señalado, dirigiendo su atención hacia la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y el Plan Vive.

"Si no recuperan las viviendas secuestradas en pisos turísticos y en las casas vacías, las vamos a recuperar nosotras", ha advertido poco antes de declarar en tono solemne que este 5 de abril "empieza el fin del negocio de la vivienda". "Hoy empieza un mundo mejor, una sociedad mejor sin rentismo, sin este sistema parasitario que devora nuestros salarios, nuestra vida y nuestro futuro; lo tenemos muy claro, el miedo está cambiando de bando y no vamos a parar hasta acabar con el negocio de la vivienda", ha remachado la portavoz del sindicato.

Apoyada por los sindicatos CCOO y UGT, la movilización tiene como objetivo "acabar con el negocio de la vivienda" y hacerlo "todos juntos y en todas partes". Desde el sindicato de inquilinos se solicita una reducción "inmediata" del 50 por ciento en los alquileres, la implementación de contratos de arrendamiento indefinidos, la recuperación de viviendas vacías, turísticas y de temporada para que desempeñen un papel social. Además, se busca poner fin a la compra especulativa, desmantelar los grupos de 'desokupación', incrementar el parque público de vivienda y disolver Sareb.

Una manifestación con presencia política

Han sido varias las figuras políticas, algunas de ellas con cargos gubernamentales, las que se han sumado a la manifestación. La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno, Sira Rego, presente en la manifestación, ha remarcado que esta es tarea de "todas las administraciones públicas" porque es un "problema de país". En consecuencia, ha defendido que, cuando se cumple con la ley de vivienda en las comunidades autónomas y se aplica el índice de zonas tensionadas, la burbuja especulativa decrece.

A su lado, el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha puntualizado que la ley de vivienda "ha mostrado sus insuficiencias" porque "las comunidades no están controlando el precio de los arrendamientos" pese a que la ley dispone de los mecanismos para ello. "El gobierno de España tiene que tomar medidas contundentes", ha encuadrado para deslizar la idea de intervenir ayuntamientos y otras instituciones en pro de aplicar la ley.

Por su parte, los co-coordinadores de Movimiento Sumar, Carlos Martín y Lara Hernández, han apelado directamente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: "¿Acaso no puede topar los precios de los alquileres, no puede intervenir el mercado?", han incidido.

Hernández ha considerado al respecto que la vivienda es el elemento en el que se evidencia la desigualdad que existe entre "unos pocos que deciden lucrarse a costa de someter a una gran mayoría social a una situación de vulnerabilidad en la que gran parte del salario se va en un bien esencial". Por ello, Martín ha resuelto que desde su formación consideran que el Gobierno puede hacer todavía "muchas más cosas" para solucionar esta coyuntura: "Creemos que la solución a corto plazo es topar los alquileres", ha propuesto.

Además, los dirigentes de Sumar han reivindicado su posición contraria a las "empresas de extorsión" que atentan contra el acceso a la vivienda como derecho: "Al igual que en el mercado de trabajo queremos contratos estables, también los queremos en los contratos de vivienda", han apostillado.

En paralelo, la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha instado al Partido Popular, que gobierna tanto la ciudad como la región, a aplicar la ley de vivienda para topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas. Siguiendo con la mira en el ámbito municipal, ha instado al consistorio a triplicar la inversión en vivienda pública y ha exigido el cierre de "los más de 15.000 pisos turísticos ilegales" que operan en la ciudad.

También se han sumado a la causa las portavoces del PSOE en la Asamblea y Ayuntamiento de Maadrid, Mar Espinar y Reyes Maroto.