Los vecinos de la calle Cullera y su entorno saben bien lo que es convivir con narcopisos. Llevan años denunciando intimidaciones, el deterioro de las zonas comunes de sus edificios y la inseguridad que genera el trasiego de drogodependientes y traficantes que operan en varias viviendas de la Agencia de la Vivienda Social, algunas de ellas okupadas, en los números 14 y 16 de estos bloques del barrio del Lucero, en el distrito de Latina.
El mes pasado presenciaron la muerte de un toxicómano de 55 años por un paro cardíaco a las puertas de uno de estos narcopisos y la posterior llegada de sus allegados jurando venganza, acusando a los traficantes de ser los culpables de su muerte. Son varias las redadas policiales de las que han sido testigos, la última el 13 de septiembre. Pocos días después, las familias de los 33 detenidos en la operación celebraban con palmas, cánticos y bailes que el juez les dejaba en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento de 700 metros de ese edificio.
Esa medida judicial no es algo que tranquilice a los vecinos, porque un mes después, “el menudeo sigue, mucho más reducido, pero sigue. Y no sabemos el tiempo que durará la situación digamos aceptable”, traslada a Madridiario el presidente de la Asociación Vecinal de Lucero, Javier Poveda. Como en anteriores ocasiones, tras la operación policial, la tensión se relaja momentáneamente, pero, a día de hoy, los puntos de venta desmantelados no están cerrados, “siguen funcionando con otras personas”. Mientras tanto, los residentes esperan que las administraciones atiendan sus históricas reclamaciones: presencia policial las 24 horas en la zona, la recuperación de estos pisos okupados y la instalación inmediata de cámaras de vigilancia, algo que el Ayuntamiento ha prometido para 2025.
La desesperación vecinal llegó hace unos meses a oídos del Colegio Profesional de Criminología de Madrid que se puso manos a la obra para tratar de arrimar el hombro en la lucha contra este problema. ‘Propuesta criminológica para una intervención y prevención eficaz en el barrio de Lucero’ es el resultado del estudio de campo realizado por el Grupo de Trabajo de Criminología aplicada a la Función Policial del Colegio, coordinado por Alberto Rodríguez.
“Qué mejor forma de reivindicarnos que llegar a un sitio donde la Administración tiene un problema muy enquistado desde hace muchos años y no es capaz de resolver”, comenta el coordinador del grupo. Así fue cómo el Colegio hizo efectiva una de sus funciones, la de auxiliar a las administraciones, y desarrolló un plan integral de seguridad para poder solucionar el conflicto de los narcopisos de la calle Cullera, que el vicedecano del Colegio, Abel González y el coordinador del Grupo de trabajo presentaron a la Delegación del Gobierno, la Junta Municipal del Distrito de Latina y la Comunidad con indicaciones sobre medidas que aconsejaban tomar. Conscientes de la necesidad de que las tres administraciones colaboren para atajar el problema, los criminólogos se han ofrecido a favorecer esa coordinación a través de una Mesa en la que también participarían entidades vecinales, para impulsar cuanto antes un plan estratégico contra estos puntos conflictivos.
“Lo recibieron bien, agradecieron el que fuéramos a presentar una propuesta no solo enfocada desde el punto de vista de la seguridad, sino un plan integral que también incluía aspectos como desincentivar el consumo o hacerse cargo de los consumidores”, expone Rodríguez. En el caso del Ayuntamiento y su propósito de instalar cámaras de seguridad, “les estuvimos asesorando un poco, dándoles nuestra opinión sobre las medidas que pensaban tomar y les dijimos por dónde debían ir”. En este momento, se encuentran “a la espera de que el plan se ejecute”.
Recetas para acabar con los narcopisos
Para llegar a sus conclusiones, el equipo de criminólogos contactó con todos los implicados en el problema, “con partidos políticos del Ayuntamiento de Madrid, para que nos dijeran un poco lo que habían trabajado y lo que estaban haciendo, y con la Asociación de Vecinos de Lucero para recabar información con vecinos afectados de la zona”, detalla el coordinador del grupo.
Así es cómo han ‘cocinado’ la receta para acabar con los narcopisos y la delincuencia. “Hay que enfocar esto desde un punto de vista multidisciplinar. El tema de la seguridad es el primero que habría que afrontar, porque la autoridad en ese barrio la tenían los narcotraficantes. Entonces, hay que recuperar el control del barrio y después recuperar el control de los edificios”, señala Alberto Rodríguez.
Para mantener el control sobre el barrio y los edificios, el Colegio de Criminólogos sugiere “derivar a los consumidores para darles un tratamiento y desincentivar el consumo”. Dentro del protocolo propuesto figura la intervención de los pisos “porque, por ejemplo, en una operación policial contra narcotraficantes, si van con barcos se les intervienen porque son un objeto del delito, pues con los pisos de los narcotraficantes hay que hacer lo mismo”.
Los edificios en cuestión eran del Ivima, hoy Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. El clan de narcotraficantes se hizo con uno de los pisos y siguió “colonizando” otros, “algunos mediante ocupación, otros mediante contratos”. Por eso consideran necesario que la Administración recupere esos inmuebles, si no, “los problemas van a seguir repitiéndose. De hecho, en 2020 hubo una macro operación con muchos detenidos que luego soltaron y han seguido con el negocio hasta el día de hoy”.
Más allá de aumentar la presencia policial e instalar cámaras de seguridad, los criminólogos también urgen a intervenir en el entorno con pequeñas pero efectivas medidas, “por ejemplo, iluminar las zonas oscuras, recortar más los setos para evitar que los consumidores se escondan y vean un sitio agradable donde consumir o poner un control de accesos en los edificios para evitar que entren los consumidores allí”, desgrana Rodríguez.
Encuestas de victimización
La oferta del Grupo de Función Policial del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid va más allá del barrio del Lucero. En su visita al delegado del Gobierno, le propusieron realizar un análisis integral de la situación delincuencial en otros ‘puntos negros’ de la capital y la región con propuestas para resolver las distintas problemáticas.
En opinión de estos profesionales, la Comunidad de Madrid debería trabajar con encuestas de victimización, como las que ya se emplean en Cataluña, y se han ofrecido a realizarlas. “Lo que hacen es ayudar a ver la situación real”, explica el coordinador. Consisten en preguntar a la gente si ha sufrido algún tipo de delito en el último año, “porque hay delitos que no se denuncian, como muchos de los sexuales”. Sin embargo, mediante una encuesta, las víctimas pueden desvelar situaciones vividas que no han trascendido policial o judicialmente. “Si juntamos las cifras oficiales con las cifras que dan las encuestas de victimización, nos hacemos una idea de la criminalidad real que hay”, lo que permitiría conocer con más precisión muchos problemas de delincuencia en la región y actuar de forma más ágil.
En su punto de mira, Parla
Lo que dicen las cifras oficiales de criminalidad en el primer semestre del año publicadas por el Ministerio del Interior es que Parla es el municipio de la Comunidad de Madrid donde más ha aumentado la delincuencia. Pese a que desde este Consistorio remarcan que estos índices continúan por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, admiten que el número de infracciones penales asociadas a delitos de criminalidad convencional ha aumentado en un 21,7 por ciento.
Estos datos, que ya han sido utilizados políticamente como arma arrojadiza, han llevado a convocar una Junta Extraordinaria de Seguridad a la que asistió el propio delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que se ha acordado un plan policial específico para el municipio y su entorno, denominado el 'Plan Parla', cuyo principal objetivo es mejorar la situación de las plantillas y de los agentes, aumentar las condiciones de seguridad y conseguir una mejor organización y cooperación entre la Policía Nacional y la Policía Local. "Vamos a ir adoptando acciones, en el corto y medio plazo, para revertir la situación de seguridad en Parla. Los datos nos preocupan, pero Parla sigue siendo un municipio seguro”, señalaba Martín
Convencidos de que su colaboración puede ser de utilidad para lograr ese objetivo, el Colegio de Criminólogos ha enviado un ofrecimiento al alcalde de Parla, Ramón Jurado, para diseñarle “un plan de seguridad integral que haga frente al aumento de criminalidad que ha sufrido su ciudad”, según adelanta a Madridiario Alberto Rodríguez.
En su mensaje explican que el plan arrancaría con la realización de un “análisis detallado de la situación criminal” del municipio, así como una “evaluación de los riesgos actuales”. Posteriormente, abordarían una “auditoría externa” para “evaluar los recursos de los que se dispone en materia de seguridad y el uso que se les está dando actualmente”. Una vez completados estos pasos, le harían llegar al alcalde un informe con “propuestas de mejora y de actuación” entre las que podrían figurar el “fomento de la participación ciudadana, dar formación específica a los trabajadores dedicados a la seguridad o valorar la implementación de medidas tecnológicas como cámaras de vigilancia con inteligencia artificial y monitoreo en tiempo real de determinadas zonas”, detalla el experto. Ahora están a la espera de ver si el Consistorio parleño recoge el guante.
Si (
No(
