El acuerdo para el realojo de 1.600 familias pone fecha de caducidad al poblado chabolista de la Cañada

Han transcurrido ya casi siete años desde que se pusiese en marcha el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Desde entonces, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han llevado a buen puerto el realojo, en régimen de alquiler social, de hasta 311 familias, con 15 hogares más en proceso de entrega, y una inversión que ronda los 70 millones de euros. El compromiso de poner fin al poblado chabolista más grande de Europa, vigente desde hace medio siglo, ha dado un paso más este lunes con la firma -no vinculante- del Protocolo del Plan Extraordinario de Realojos Cañada Real 2024-2034, al que se han adherido el Gobierno de España, por vía del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. El objetivo no es otro que facilitar un nuevo hogar a más de 1.600 familias vulnerables con un presupuesto de 330 millones a repartir en los próximos diez años. El acuerdo incluye asimismo la puesta en marcha de planes formativos y de empleo y el derribo de las infraviviendas y construcciones ilegales en todas las secciones en las que se divide el asentamiento, así como las actuaciones correspondientes en materia de rehabilitación edificatoria y regeneración urbana.

"Vamos a trabajar juntos para erradicar el chabolismo"

"Vamos a trabajar todos juntos para erradicar el chabolismo y ofrecer una casa digna y un futuro prometedor a todas las personas que habitan en la Cañada y que actualmente conviven en condiciones de precariedad y pobreza", ha apuntado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. En la misma línea, el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento madrileño, Álvaro González, ha puesto el foco en el "esfuerzo" del consistorio por mejorar las condiciones de vida de todas las personas que continúan poblando los sectores más desfavorecidos de la zona: "Este es un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aquí y que también merecen una igualdad de oportunidades".

Para la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, una de las claves que ha permitido materializar el acuerdo es la "fuerza" de los vecinos y las vecinas de Cañada Real, quienes han mostrado en todo momento "dignidad para defender sus derechos y, por supuesto, mucha paciencia con todas las administraciones". Un motivo que le lleva a exigir el cumplimiento del mismo en unos plazos de ejecución "razonables" y en estrecha colaboración con la ciudadanía. Mientras tanto, ha zanjado, debe garantizarse el acceso a derechos tan básicos como "la luz, el agua, la Educación, la Sanidad o el empleo".

Por parte del Ejecutivo central, el acto ha contado con la presencia del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. "Hay situaciones que necesitan de acciones extraordinarias, especiales. Uno de ellos, sin duda alguna, es la Cañada Real. Es un problema que arrastramos hace décadas y para el que las administraciones locales no han sido capaces de encontrar una solución. Me gustaría destacar la voluntad y la predisposición del Gobierno de España de implicarse a través de las fórmulas existentes, como el Pacto regional, o con nuevas fórmulas, con un plan específico y extraordinario. Y digo esto porque sin ser competencia del Gobierno de España, sí que era una preocupación permanente y entendíamos que el problema era tan mayúsculo que necesitaba nuestra implicación".

La aportación económica de la Comunidad, gobernada por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, ascenderá a 110 millones de euros en la próxima década. Una cantidad que será destinada a la adquisición de inmuebles, pago de indemnizaciones y acompañamiento social, entre otros gastos necesarios para efectuar los realojos con éxito. El Ejecutivo central, configurado por PSOE y Sumar, pondrá también sobre la mesa 110 millones. El montante restante, otros 110 millones, correrá a cargo de los consistorios de Madrid (PP) y Rivas (Izquierda Unida, Más Madrid y Verdes Equo), con mayor peso, como parece lógico, para el primero.

Aunque el acuerdo alcanzado no resulta vinculante y aún resta por concretar la aplicación práctica de las medidas que engloba su hoja de ruta, los representantes involucrados han coincidido en apuntar la gran trascendencia del mismo. Más aún teniendo en cuenta lo diverso de sus colores políticos: "Debemos ser capaces de trabajar juntos para hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución Española y que todos los ciudadanos de nuestro país tengan derecho a una vivienda digna y asequible (...). Va a ser complicado, pero con la colaboración de todos vamos a tener éxito". El próximo paso. aún sin fecha concreta, será la firma del convenio de colaboración, un documento impresicindible para dotar de cobertura jurídica a lo pactado este mediodía.