El PSOE de Madrid ha formalizado su personación como acusación popular en la investigación abierta contra Alberto G. A., pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal y un delito de falsedad en documento mercantil. Los socialistas exponen en su escrito que al poder derivar el caso en posibles responsabilidades penales se estaría ante una causa de interés general de los ciudadanos.
La propia Ayuso se ha pronunciado sobre ese movimiento de los socialistas manifestando que han cometido "una gran torpeza" porque "son incapaces de disimular la estrategia política" que tienen, "que es intentar a través de lo personal hacer daño a un adversario político". Para la dirigente popular, el paso dado por el PSOE de Madrid es "un poco lo de siempre" y ha insistido en que se trata de una "persecución" que hace "flaco favor a la verdad".
"Allá ellos con esas actividades y con esas actitudes chavistas. No sé hasta dónde creen que les va a llevar pero pienso que demuestra que el PSOE también a través de Madrid pues está solamente en eso", ha señalado, para añadir que no le extraña "que se estén quedando los últimos en política en la Comunidad de Madrid en todo porque no están para hacer nada en positivo".
El partido de la oposición argumenta en su escrito que no hay necesidad de presentar querella ni fianza debido a que los hechos tienen su origen, "en principio, en contrataciones relacionadas con el suministro de materiales sanitarios adquiridos durante la gestión de la crisis del Covid1-9, y que, en cualquier caso, afectarían a los intereses generales como es un intento de defraudación a la Hacienda Pública".
El PSOE solicita su personación en representación de sus afiliados y el interés general de la ciudadanía que preside la actuación de esta organización. Entiende que "este es el momento procesal oportuno para comparecer en el ejercicio de la acción popular, ya que se está ante una causa de interés general para los ciudadanos, por lo que afecta a la hacienda pública, y, la preocupación y alarma social que producen a la sociedad este tipo de conductas".
"Por ello, sin perjuicio de la legitimidad de la Fiscalía para entablar estas acciones legales en defensa de la legalidad y el interés público, entendemos que existen intereses generales de los ciudadanos que se han podido ver afectados a consecuencia de los hechos objeto de investigación, que justifican nuestra presencia en la causa como acusación popular, en ejercicio del derecho reconocido en el art. 125 de la Constitución Española", recoge el escrito.
Lobato defiende la medida
En la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, el propio secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha defendido esta medida para poder "tener información de un procedimiento" que cree que podría llegar a tener vínculo con la Comunidad de Madrid.
"Pedimos información en la Asamblea sobre temas relacionados con la fiscalización de su Gobierno le parece mal y nos lo veta. Que pedimos que en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones se puedan fiscalizar los contratos de emergencia, los contratos del Zendal le parece mal al PP de Ayuso. Es que todo le parece mal. Todo lo que suponga controlar mínimamente el trabajo que hacen", ha lanzado Lobato.
Lobato considera que es imprescindible para la oposición saber "en qué gaste el dinero de todos" y cree que con esta personación tiene una forma de "estar al día y tener información de ese expediente judicial". "Necesitamos estar ahí para hacer nuestro trabajo, que es fiscalizar dónde fueron esos euros de los impuestos de las empresas y de las familias en la Comunidad", ha remarcado.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha citado para el 20 de mayo en calidad de investigado a Alberto G. A., para declarar después de que haya incoado diligencias contra él y otras cuatro personas en relación a la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, recaída en este órgano judicial por turno de reparto.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
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