El Ministerio del Interior ha abierto una investigación de oficio a través de su Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH) en torno a la actuación policial en el barrio de Lavapiés durante fin de semana después de los sucesos ocurridos en una "reyerta".
Según fuentes del Ministerio del Interior, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha abierto de oficio una información en relación con la intervención policial "sobre los sucesos ocurridos en la reyerta en Lavapiés", por si de dicha actuación se desprende una "supuesta vulneración de los derechos fundamentales".
"La ONGADH es una oficina dependiente de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esta oficina, creada en febrero de 2022, tiene como cometidos velar por el cumplimiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las normas nacionales e internacionales que garantizan el respeto a los derechos fundamentales de las personas", según ha recordado Interior.
En concreto, han comunicado que la ONGADH actúa como un "mecanismo de seguimiento, coordinación y evaluación que coadyuve a visibilizar e impulsar el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el respeto a los derechos humanos, para lo que analiza hechos y actuaciones que puedan poner de manifiesto una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de las personas con ocasión de una actuación policial".
Insultaron a una cajera del supermercado, según un vigilante
Un vigilante de seguridad de un supermercado de Lavapiés ha declarado este lunes al programa '120 Minutos' de Telemadrid que los detenidos insultaron y acusaron de racismo a una cajera poco antes de que fueran arrestados en una calle aledaña al establecimiento. Así lo ha detallado este testigo al que la cajera le pidió ayuda. "El chaval que estaba en el suelo estaba mal, muy borracho, estaban insultando a la compañera", ha asegurado este trabajador, que ha relatado que los dos arrestados quisieron pagar con una tarjeta de crédito y daba error al introducir el número pin.
Según este vigilante, la cajera le pidió ayuda porque uno de ellos en "actitud nerviosa" comenzó a insultarla. Se trata de la persona que, posteriormente, fue detenida por un policía que lo dejó inmovilizado en el suelo, según el vídeo que se ha viralizado en redes sociales. Otro agente, mientras tanto, golpeaba con su porra a otro ciudadano presuntamente relacionado con este suceso.
"El chaval que estaba en el suelo sí que estaba con una actitud muy nerviosa, agresiva, no iba bien, iba borracho. Estaban insultando a la cajera, llamándola racista, hijaputa; repito que le estaban llamando hijaputa y le estaban diciendo porque soy negro no puedo pagar", ha indicado el vigilante de seguridad, que ha defendido la actuación policial.
Desde el Gobierno se pide Proporcionalidad
La Delegación del Gobierno en Madrid informó este domingo de que se había abierto una investigación sobre la actuación de agentes de la Policía Nacional el pasado viernes en Lavapiés, la cual se viralizó en redes sociales.
Según apuntaron el fin de semana fuentes de la Jefatura Superior de la Policía, los agentes detuvieron este viernes a dos personas en el barrio madrileño por atentado contra la autoridad después de que ambos individuos tuvieran una actitud bastante hostil contra los policías, dejando a uno de ellos lesionado.
"En estos momentos se mantiene abierta una investigación al respecto. La proporcionalidad es y debe ser un componente principal de la acción policial", destacó el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en sus redes sociales en respuesta a un diputado de Más Madrid.
Por otro lado, las portavoces de este partido en el Ayuntamiento y la Asamblea, Rita Maestre y Manuela Bergerot, respectivamente, cargaban este sábado contra el "racismo" que aprecian en el vídeo en cuanto a la operación policial.
"Recoge lo que parece una agresión en el barrio de Lavapiés, por parte de dos agentes de la Policía Nacional contra dos hombres jóvenes, donde se puede percibir ensañamiento, que no parece responder a un protocolo comedido de actuación policial", aseguró el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se ha pronunciado este mismo lunes sobre esta polémica a preguntas de los periodistas manifestando su confianza en la Policía. "Desconozco el contenido del informe policial, pero saben todos ustedes que, salvo prueba en contrario, mi confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es total", ha señalado el regidor, quien ha indicado que habrá que ver en su caso las consecuencias que se puedan derivar, aunque ha insistido en que España cuenta con unas "muy buenas" Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de cuyo trabajo "podemos sentirnos orgullosos".
Además, Martínez-Almeida ha asegurado que la Policía cada vez está "más presente" en Lavapiés. "Para nosotros es prioritario garantizar la seguridad y la convivencia de los vecinos de Lavapiés, y esto también en ocasiones genera que tenga que haber intervenciones policiales", ha expresado.
Sindicatos de la Policía arremeten contra Interior
Varios sindicatos representativos de la Policía Nacional han arremetido este lunes contra el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska tras lo ocurrido con el vídeo difundido en redes y la decisión tomada con respecto a lo sucedido después de que Sumar y otros socios del Gobierno pidieran explicaciones al considerar que se incurrió en racismo por el exceso de fuerza de los agentes.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que Interior, "lejos de impedir la cacería hacia servidores públicos que cumplían con su deber", lo que ha hecho es "dejarlos a los pies de los caballos ante un organismo de dudosa imparcialidad", en referencia a la ONGADH, dependiente de la Inspección de Personal de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
"La única instancia que debe depurar responsabilidades en un Estado de derecho son los tribunales de justicia", ha continuado el SUP en declaraciones a Europa Press, que añade que estudian interponer acciones legales contra quienes "injurian" a sus compañeros de forma "infundada".
"Esto no es una cuestión de blancos contra negros o de racismo, sino de acciones que constituyen delitos y de delincuentes; esa es nuestra única guía de actuación", han apuntado desde el SUP, que recuerdan que las personas reducidas por los policías fueron detenidas por delitos contra la salud pública y por robo con violencia.
En este sentido, los sindicatos han vuelto a reclamar al Ministerio del Interior que todos los agentes dispongan de cámaras personales para grabar este tipo de actuaciones y, de esta forma, "evitar cualquier duda". Además, ha subrayado que lo que no pueden permitir es que haya "zonas de impunidad delictiva a golpe de mentiras y calumnias".
La Confederación Española de Policía (CEP) también ha reaccionado al anuncio de Interior de abrir una información a través de su oficina por si se han vulnerado los derechos humanos en la actuación de Lavapiés, lo que se suma a otra información reservada de la Dirección General de Policía que anunció este domingo el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
"Este Ministerio se sitúa frente a todos los policías y no detrás de ellos. La brecha que se ha abierto entre el colectivo policial de este país y el departamento que dirige Grande-Marlaska es ya insalvable", ha señalado CEP.
El sindicato se queja de que se ha "descontextualizado" la intervención policial en Lavapiés para poner el foco de la sospecha sobre los agentes, "cuya presunción de inocencia ya está gravemente tocada al anunciarse una investigación a cargo de una Oficina de Derechos Humanos".
"La reacción de Interior --concluye CEP-- es otro ejemplo más del desprecio a un colectivo de servidores públicos. Pero también es un ejercicio inútil de equidistancia porque quienes piden medidas contra los policías son los mismos que ayer insultaban 'basura' al ministro en una concentración de protesta en Lavapiés y los mismos que ahora cuestionarán esta investigación por ser, según ellos, insuficiente".
Desde JUPOL también se ha reaccionado a la polémica de Lavapiés recordando que el vídeo viralizado fue "editado y sacado de contexto para apreciar sólo una parte sesgada". Por este motivo, insiste en que es necesario contar con cámaras de dotación personal, así como la puesta en marcha de un protocolo del uso de la fuerza que garantice la seguridad jurídica de los agentes ante este tipo de situaciones.
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