Minuto de silencio en Cibeles por todas las víctimas de la violencia de género con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (Foto: Ayuntamiento de Madrid )
Los municipios madrileños se resisten a incorporarse al sistema VioGén
La unanimidad que requiere la lucha contra la violencia machista que se demanda a las instituciones no termina de cuajar en la incorporación al sistema VioGén de los municipios de la región. El Sistema de Seguimiento Integral -por su nombre completo- en los casos de violencia de género es clave para la coordinación institucional y mejorar así la atención y protección de las víctimas.
El sistema, puesto en marcha desde 2007 por el Ministerio del Interior, persigue centralizar toda la información relevante para salvaguardar a las víctimas que padecen estas agresiones, así como prevenir y eliminar las violencias machistas. VioGén permite integrar todos los datos pertinentes sobre cada caso, realizar pronósticos de riesgo, llevar a cabo seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional. Además, ayuda a realizar labores preventivas al emitir avisos, alertas y alarmas ante cualquier incidencia o evento que pueda poner en peligro la seguridad de la víctima.
VioGén permite integrar todos los datos sobre cada caso
El sistema cuenta con cinco niveles de riesgo que determinan la activación de diversas medidas de protección. Desde su implementación, VioGén ha recopilado información de casi 709.000 casos y ha evaluado el riesgo de más de 633.000 víctimas en toda España. Para que los diferentes municipios de la región se integren en este sistema y sus distintos cuerpos de Policía compartan datos, primero tienen que firmar acuerdos y convenios con el Ministerio del Interior a través de la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, un trámite que se ha atascado en algunos casos y arroja la cifra de 33 localidades adheridas y otras siete en conversaciones para finalizar esta diligencia, a la espera también de que se sume la ciudad de Madrid con el convenio caducado desde el año 2018. Además, desde la institución que dirige el socialista Francisco Martín adelantan a Madridiario que en la actualidad se encuentran en conversaciones con los municipios Griñón, Ciempozuelos, Arroyomolinos, Morata de Tajuña, San Fernando de Henares, Mejorada y Coslada para su incorporación al sistema. Distintos colores políticos y diferentes ritmos a la hora de sumarse a esta iniciativa.
Un cuestionario para medir los niveles de riesgo
La evaluación de estos niveles de amenaza se lleva a cabo mediante un cuestionario estructurado compuesto por varias preguntas dirigidas a la víctima, las cuales generan una evaluación del nivel de riesgo. Una vez completada esta evaluación se presenta ante un juez, quien será responsable de establecer medidas o considerar la necesidad de emitir una orden de alejamiento u otras medidas adicionales. En resumen, todo el análisis se basa en las respuestas proporcionadas por mujeres que se encuentran en una situación de dominio y amenaza hacia su integridad física y moral, así como la de sus hijos.
— Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) January 19, 2024
A través de los resultados del cuestionario, Viogén puede generar una evaluación del riesgo que varía desde no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Basándose en esta evaluación, una vez confirmada por un juez, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implementan un protocolo de protección para las víctimas, que puede ir desde realizar alguna llamada esporádica para seguimiento hasta proporcionar vigilancia constante a la mujer las 24 horas del día.
Cibeles “abierta” a renovar el convenio
El Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida está preparado para suscribir la actualización del sistema VioGén que ha permanecido estancado desde que caducó el convenio en 2018. Además de no adelantar fechas, el Consistorio plantea algunas condiciones para el nuevo protocolo entre administraciones y que se modifique “siempre y cuando se garantice que no se dan pasos atrás, tal y cómo señalaba en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en respuesta a Madridiario.
Sanz ha remarcado que Ayuntamiento de Madrid está “abierto” a firmar esta renovación "lo antes posible", una vez que se garantice que “no damos pasos atrás” en la prestación del servicio actual de atención a las víctimas de violencia machista. La también titular del área de Gobierno de Seguridad y Emergencias ha afirmado que la futura firma no puede dar marcha atrás en esas prestaciones añadidas que la Policía Municipal de Madrid realiza en la materia. Consultada por futuras conversaciones entre el Consistorio y la delegación de Gobierno, la vicealcaldesa ha adelantado que desde Cibeles han remitido una propuesta a delegación y “espera su respuesta”. Al respecto, a consultas de este medio, fuentes de la delegación del Gobierno señalan que “continúan en conversaciones y se convocará una nueva jornada de la mesa técnica para “avanzar en las propuestas”.
Más de 9.000 mujeres atendidas en 2022 por el Ayuntamiento
Las cifras que trabaja el Ayuntamiento de Madrid analizan las mujeres atendidas durante todo el 2022. El Consistorio todavía no ha ultimado las del pasado 2023 por lo que, a falta de actualizar estos números, fuentes del Ejecutivo local señalan a este medio que fueron atendidas más de 9.000 mujeres en los distintos recursos que ofrece el Ayuntamiento.
El Consistorio trabaja con tres redes municipales que atienden a mujeres víctimas de violencia machista. Una de ellas se coordina a través del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, un servicio que atiende las 24 horas, los 365 días, donde Cibeles asistió a más de 2.000 mujeres en 2022. Un recurso que, a su vez, atiende a mujeres a través de una Unidad Móvil destinada a mujeres con dificultad de movilidad, así como otros dispositivos para la atención psicosocial y el asesoramiento en materia de igualdad. En total estos servicios dan cobertura a cerca de 3.800 mujeres.
Además, el Ayuntamiento cuenta con otros recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género como alojamientos donde pueden permanecer un máximo de 72 horas, otras para estancias superiores, así como 26 plazas para viviendas de semiautónoma, donde las mujeres pueden estar acompañadas por sus hijos. Estos servicios han atendido a más de 600 madrileñas y a más de 700 menores. Por otro lado, a través del Centro de Emergencia para víctimas de Trata Mariana Pineda, el Consistorio atendió a 82 mujeres
Otras cifras que llaman la atención al repasar los datos facilitados por el Ayuntamiento alcanzan la red municipal de atención a víctimas de violencia sexual, donde el centro de Crisis Pilar Estébanez atendió en 2022 a más de 2.000 mujeres, a través de llamadas telefónicas, y 700 de manera presencial.
Teléfono 016
El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.
La pena por violencia de género en España puede variar dependiendo de la gravedad de los hechos y de las circunstancias específicas del caso. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que la violencia de género es cualquier acto de violencia física o psicológica que se produce por razones de género y que tenga como resultado el sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico de la víctima.
En España, la violencia de género se considera un delito y está castigada con penas que pueden ir desde la prisión hasta la prohibición de acercarse a la víctima o a su entorno. Las penas pueden variar en función de la gravedad de los hechos y de las circunstancias específicas del caso:
- Prisión de seis meses a tres años. - Libertad condicional con la obligación de seguir un tratamiento psicológico. - Prohibición de acercarse a la víctima o de comunicarse con ella por cualquier medio. - Retirada del derecho a la tenencia y porte de armas. - Suspensión o privación de la patria potestad o tutela sobre los hijos menores. - Inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo público relacionado con la violencia de género.