Dos operarios municipales retiraron a martillazos la placa que recordaba a Francisco Largo Caballero en la vivienda donde residió, en la plaza de Chamberí. Sucedió en octubre de 2020 y se cumplió así la orden emitida desde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida tras aprobarlo en el Pleno de Cibeles a propuesta de Vox y con el apoyo de PP y Ciudadanos. Los tres partidos pactaron, asimismo, borrar del callejero al histórico dirigente socialista y a su compañero de siglas Indalecio Prieto. Un año y medio después, la Justicia anula el acuerdo plenario y obliga al Consistorio a reponer la placa y las calles conmemorativas.
El juez del caso ha determinado que el acuerdo "no se ajusta a derecho" y, por tanto, lo deja sin efecto. Así lo recoge una sentencia emitida este miércoles que estima el recurso interpuesto por UGT contra el Ayuntamiento, Vox y la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces. El sindicato denunció los hechos "en defensa de la memoria y el reconocimiento de las figuras de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, líderes obreros y dirigentes históricos de UGT, cuyo reconocimiento, divulgación y recuerdo de su figura y pensamiento resulta presente para el movimiento sindical español e internacional".
En el fallo judicial se expone que "no han de prosperar las imputaciones criminales relacionadas con torturas y otras atrocidades, incluido el asesinato de Calvo Sotelo", que en el Pleno se atribuyeron a las dos figuras políticas como argumento para eliminar sus calles. "La responsabilidad de ambos personajes en tales crímenes no encuentra soporte en hechos contrastados", resuelve el magistrado. Tampoco acepta el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid las imputaciones relativas a "actos de pillaje y expolio de las reservas del Banco de España y otros actos de latrocinio" que se achacaron a Largo Caballero y Prieto.
Concluye el juez que en la retirada de la placa "se omitió recabar el preceptivo dictamen de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (Ciphan). Lo estima así al considerar probado que la "lápida conmemorativa" en la plaza de Chamberí, 4 que consta en la relación de Elementos Urbanos Singulares del Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid se corresponde con la de Largo Caballero destrozada según un informe pericial. Por tanto, estaría protegida. En consecuencia, el magistrado anula la resolución alcanzada en el Pleno de Cibeles por PP, Cs y Vox y obliga a los demandados, incluido el Ayuntamiento de Madrid, a pagar las costas del procedimiento judicial.
La izquierda celebra el fallo
El Consistorio puede recurrir la sentencia, una opción sobre el que aún no se ha pronunciado. El concejal socialista Ramón Silva invita al alcalde a no hacerlo "de la misma manera que no recurrió la restitución de las calles franquistas en su momento porque le gustaron más los nombres de la dictadura que los acordados en el Pleno". Destaca además el edil que en el fallo "se considera probado lo que siempre ha defendido el Partido Socialista: que la placa estaba protegida, por lo que nunca debió arrancarse a martillazos".
Luis Cueto, del Grupo Mixto, ha calificado la sentencia de "lección para los sectarios" al tiempo que ha pedido al Ayuntamiento que "se aquiete y respete la memoria". "No es simplemente una disparidad de opiniones sobre la memoria histórica sino una actuación enormemente agresiva", ha manifestado sobre el caso.
En un mensaje en Twitter, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha apuntado que la destrucción de la plca "no debería haber ocurrido". "El PP aceptó la propuesta de Vox de borrar nuestra historia y, al final, la justicia pone la memoria democrática en el sitio que la derecha y ultraderecha le niega. Los martillazos no se olvidan", ha escrito.
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