Hoy comienza el plazo de presentación de solicitudes de admisión en los colegios públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid. Desde esta fecha, y hasta el día 15 de abril, los padres tendrán que adoptar una de las más importantes decisiones que deban afrontar a lo largo de su vida: escoger el centro educativo en el que se escolarizarán sus hijos.
Digo bien: son los padres, y no los poderes públicos, los únicos responsables de esa decisión. La Constitución y la legislación lo determinan así. La libertad de enseñanza, el derecho a la creación de centros educativos y la responsabilidad de la familia en la formación moral y religiosa de los hijos, son principios constitucionales que permiten no tener dudas sobre este particular. Los padres, pues, deberán elegir centro educativo para sus hijos, y lo tendrán que hacer una vez hayan valorado las distintas características de cada colegio, pero muy especialmente una de ellas: el carácter propio y el proyecto educativo. Y los poderes públicos tendrán que hacer lo posible, y me atrevería a decir que lo imposible, para que esa decisión pueda llevarse a efecto en la mejor y mayor medida.
La Comunidad de Madrid favorece en alto grado el ejercicio de este derecho de elección. Dispone de una normativa que reconoce con claridad esta potestad, facilitando la relación entre los padres electores y los centros docentes elegidos. Asimismo, ha favorecido la creación de nuevos colegios, tanto públicos como privados concertados, para generar una mayor pluralidad que haga viable esta elección.
Pero aun así, todavía se puede mejorar. Como decía antes, debemos ser exigentes en el ejercicio de los derechos de las familias y en el cumplimiento de la legislación vigente. Cuestiones como la compatibilidad y equilibrio entre el deber de reserva de plazas y el derecho de elección de las mismas por los alumnos; el papel subsidiario de los servicios de apoyo a la escolarización, que nunca pueden suplantar a familias y a centros; o la ampliación de la puntuación otorgada a los supuestos con los que se destaca la opción de la familia por determinado centro o proyecto educativo, son aspectos que, sin duda, darían mayor extensión al ejercicio de este derecho.
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