La Agencia para la Reinserción y Reeducación del Menor Infractor (ARRMI), organismo dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, cuenta con un presupuesto para 2013 de 41,9 millones de euros, siete millones menos que en 2012 (un 15 por ciento).
La ARRMI se encarga de gestionar los centros de ejecución de medidas judiciales que los tribunales madrileños imponen a los menores que han cometido algún delito o infracción. El consejero de Presidencia y Justicia,
Salvador Victoria,
explicó en noviembre que su intención era reducir las plazas disponibles en los ocho centros madrileños "como consecuencia inequívoca del descenso que se ha producido en el número de medidas judiciales de internamiento impuestas por los jueces de menores".
En total, la Comunidad cuenta con 339 plazas para menores infractores, de las cuales sólo se encuentran ocupadas 242. El mayor centro de estas características se llama Teresa de Calcuta, está ubicado en el municipio de Brea de Tajo y su gestión la tiene encomendada la Asociación GINSO.
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