El Consejo de Ministros del 20 de abril aprobó un recorte de 3.000 millones de euros en educación, con medidas como el aumento de la ratio de alumnos por aula o la subida de las tasas universitarias.
Junto a
un recorte en sanidad de 7.000 millones,
el Gobierno aprobó otro de 3.000 en materia educativa, con un conjunto de medidas que después concretaron las comunidades autónomas. Algunos de los principales cambios fueron la ampliación de la ratio por alumno y aula un 20 por ciento en la educación obligatoria, la no sustitución de profesores hasta el décimo día de baja o la eliminación de la obligatoriedad de ofrecer un mínimo de dos ramas de Bachillerato. En Madrid,
creció el número de alumnos en las clases siempre que el espacio físico lo permitió y hubo demanda. Por otra parte,
se eliminaron 26 ramas de Bachillerato.
Otras medidas, como el aumento de la jornada lectiva para los profesores hasta 20 horas en Secundaria, ya se aplicaban desde el curso anterior en Madrid, y provocaron que la comunidad educativa se echase a la calle para protestar en lo que denominó
'marea verde'.
'Tasazo'
La educación universitaria también se vio afectada por el ya celebre real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, presentado por el ministro de Educación,
José Ignacio Wert. La medida de mayor calado fue la subida de tasas que recogía y que después concretaron las comunidades autónomas. En Madrid,
la subida fue generalizada, llegando hasta el 400 por cien del precio en el caso de algunas asignaturas para los repetidores, que son los que más han notado este cambio.
Los másteres también sufrieron un fuerte incremento. La subida fue de un 34 por ciento para los habilitantes y más en el resto, cuyos créditos pasaron a costar un mínimo de 65 euros. Además,
el Gobierno endureció la concesión y el mantenimiento de las becas, exigiendo mejores resultados académicos a los alumnos, a los que ahora se les puede exigir la devolución del dinero recibido.
El decreto también contemplaba la limitación de estudios con baja demanda, penas a las universidades que incumplan los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o la no incorporación de nuevo personal.
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Todas estas medidas dieron lugar a un curso educativo con menor calidad en la educación, debido a la reducción de profesores, aumento del número de alumnos por clase o el descenso de programas de apoyo y desdobles, y universidades más caras. Esto dio pie a diversas protestas, como los
tres días de huelga estudiantil en la educación o la
primera convocataria de una huelga de padres. Incluso
los rectores de las universidad públicas se unieron y en diciembre leyeron un manifiesto conjunto contra los recortes.