Los detenidos el 25-S declaran en Plaza de Castilla

El magistrado, que ha recibido un atestado por la comisión de delitos por parte de los arrestados de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos toma en el escrito "conocimiento de la detención" y especifica que ninguno de los delitos "son competencia de la Audiencia Nacional". Este organismo solo sería competente en el caso de la imputación de los delitos previstos en los artículos 493, 494 y 495 del Código Penal.

El juez ha dictado la providencia tras esperar durante más de 40 horas notificación oficial sobre los arrestados y los delitos que indiciariamente iba a imputarles la Policía. Los juzgados ordinarios de Plaza Castilla serán la sede en la que deberán prestar declaración finalmente. Una treintena de personas que esperaba la llegada de los detenidos se han quejado de la "falta de información".

El enredo comenzó este jueves, cuando el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, había afirmado en la comisión de Interior celebrada en el Congreso que los arrestados cometieron un delito contra altas instituciones nacionales. Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han  culpado de la confusión creada al Ministerio del Interior. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) censuran al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz por haber buscado el delito a imputar antes que la prueba, mientras que desde la Confederación Española de la Policía (CEP) lamentan lo que ven como un nuevo caso de aceleración verbal.

"El proceso de Interior ha sido ir al Código Penal, ha buscado un delito que les viniera bien y eso no encaja", ha denunciado el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien cree que "Interior, en esta estrategia lo está haciendo bastante mal". "Para acusar de un delito tan grave como un delito contra los altos organismos de la Nación tienes que tener pruebas suficientes", ha añadido.