La ministra de Economía, Elena Salgado, detalló este jueves los pormenores del impuesto, cuyos detalles han cambiado. Para empezar, el Gobierno ha
elevado el mínimo exento de los 108.000 a los
700.000 euros por contribuyente. Además, También se modifica el
mínimo exento para vivienda habitual, cuyo listón asciende hasta los
300.000 euros, el doble de lo que estaba establecido cuando el impuesto fue abolido. La suma de ambos conceptos, según Salgado, da una cifra cercana al millón de euros que da al Gobierno la seguridad de que no serán las clases medias las afectadas.
Según la responsable de las finanzas nacionales, se verán afectados 160.000 contribuyentes en toda España. Según los datos del
sindicato Gestha, el más representativo del Cuerpo Técnico de Hacienda y de los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda con el 25% de la representación total, al menos
27.600 madrileños tendrán que pagarlo. La central añade que cerca de 11.400 de estos residentes en la Comunidad poseen una fortuna de entre 700.000 y un millón de euros, mientras que otros 12.900 disponen de entre uno y 2,5 millones de euros. Asimismo, cerca de 2.300 cuentan con entre 2,5 y 5 millones de euros; unos 700 tienen entre 5 y 10 millones de euros; y poco menos de 300 poseen un patrimonio superior a los 10 millones de euros.
323 millones para Madrid
En total, Gestha calcula que Madrid podría ingresar alrededor de 323 millones de euros, una cifra que supone prácticamente la mitad de lo recaudado el último año que el impuesto estuvo en vigor. Desde la supresión, la región ha venido recibiendo por parte del Estado
632 millones de euros anuales como compensación. El Gobierno de Esperanza Aguirre, contrario a la recuperación del impuesto, no ha aclarado aún si seguirá los pasos de autonomías como Valencia, que ya han anunciado que seguirá sin recaudar el gravamen. La presidenta solo ha asegurado que
"cumplirá la ley", pero sin aclarar si lo bonificará y, por tanto, dejará de ingresarlo.
Ignacio González, portavoz del Ejecutivo, tampoco arrojó más luz sobre el asunto en su comparecencia habitual de los jueves. González se limitó a criticar el "desgobierno" del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero alegando que "parece sorprendente que un Gobierno que suprimía el impuesto de Patrimonio porque era regresivo y porque era progresista quitarlo, ahora lo vuelva a poner sin saber muy bien a cuánta gente va a afectar". Por último mostró sus temores de que el impuesto de patrimonio esconda un intento de
recortar la financiación autonómica por otro lado, lo que afectaría a los presupuestos para 2012 que la Comunidad ya ha comenzado a elaborar. En este sentido denunció que el Gobierno se niega a dar a las CCAA la
previsión de ingresos anual que hace el Estado y que permite a las regiones elaborar sus propios presupuestos estimando lo que van a ingresar por la recaudación de impuestos vía transferencias. "¿Así pretenden que hagamos un presupuesto? Vamos a ciegas", concluyó.