Aunque ha indicado que es un "debate claro" que ya comentará en la comisión de la Asamblea de duplicidades, ha apuntado que hay que plantearse "de una vez por todas" algo que, a su juicio, "es una realidad y compartido por todos" y es que
no se puede "seguir manteniendo una estructura administrativa" como la actual.
"Tenemos tres, cuatro y hasta cinco niveles de gestión, donde se duplican y se triplican las competencias, se incrementan los gastos de manera innecesaria y se dificulta muchísimo la tramitación de los particulares de su gestión con la administración", ha señalado González.
Para el vicepresidente madrileño, eso "no es razonable" y, por lo tanto, "hay que hacer un replanteamiento serio de esa situación", que tiene que llevar a todos "a definir en estos momentos, después de la experiencia de tantos años, dónde queremos que se sitúen las competencias para conseguir que se gestionen de la manera más eficiente". Según González, las competencias compartidas en general se han demostrado "complicadas" a la hora de llevarse "a la práctica" y "normalmente mucho más cara", y, a su juicio, el "ejemplo claro" es la Justicia. "Hemos multiplicado casi por cinco el gasto de Justicia y, sin embargo, los ciudadanos no tienen la sensación de que la Justicia funcione suficientemente mejor", ha considerado.
La nueva consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, ha creado una comisión mixta con el Tribunal Superior de Justicia, que debe
elaborar una radiografía de la situación antes de octubre. Un documento que permitirá al Gobierno madrileño decidir si puede solucionar la situación o si debe plantear al gobierno de Zapatero la devolución de la gestión.
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A todo esto hay que añadir que la Comunidad de Madrid tuvo que
paralizar el año pasado la Ciudad de la Justicia por falta de fondos para acometer el proyecto. Se trataba de un macroproyecto de 15 majestuosos edificios, que tenía previsto centralizar los juzgados de la capital en una misma sede.
González ha explicado que la Comunidad tiene una competencia compartida con el Estado, que provee los medios materiales como los locales o los ordenadores pero que es el Estado "quien tiene la capacidad de decidir la organización de la Justicia y legislar sobre la misma. "No se ha demostrado que la separación sea eficiente a la hora de conseguir que la justicia funcione mejor", ha insistido.
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