El Ayuntamiento de Madrid sigue anunciando duras medidas de recorte administrativo y de servicios para poder hacer frente a la deuda que sufre. Tras la revisión catastral, que supondrá una fuerte subida del IBI, y la presentación del Plan Económico Financiero, el Consistorio anuncia la amortización de 322 funcionarios jubilados y la no convocatoria de 2.995 plazas previstas pero no presupuestadas.
Alberto Ruiz-Gallardón ha estrenado su tercera reelección como alcalde con nuevos recortes a la estructura organizativa del Ayuntamiento. La deuda no entiende de elecciones y al perro flaco en que se ha convertido el erario municipal siguen saliéndole pulgas. Después de
un 2010 marcado por numerosas reducciones administrativas, el Consistorio se estrena apostando por hacer severísimos recortes y
pone en manos del Gobierno central la salvación de sus cuentas.
La tijera comenzó a trabajar desde el mismo discurso de investidura del alcalde. Ruiz-Gallardón anunciaba la
eliminación y reparto del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos, cuyas responsabilidades pasaban a Urbanismo y Medio Ambiente. La medida era más un maquillaje que un verdadero ahorro, ya que la mayor parte de la estructura es necesaria para seguir realizando sus atribuciones. Toda la reorganización resultaba en
la supresión de 17 puestos directivos y 62 de personal eventual o de confianza, lo que supondrá un ahorro anual de cinco millones de euros.
Los
coches oficiales y los
escoltas seguían la misma pauta. Tras el acuerdo de las formaciones políticas, la oposición quedaba con un vehículo por portavoz y otro por cada tres concejales. Mientras, todo el equipo de Gobierno (alcalde, delegados y concejales de distrito) continuaba con sus automóviles. Eso sí, todos los ediles perdían buena parte de los escoltas, a pesar de que pocos días antes de este anuncio se defendía que las exigencias del Ministerio del Interior obligaban a lo contrario. Estos agentes, al pertenecer a la Policía Municipal, cambiaban de obligaciones para ser dedicados a la lucha contra la violencia de género o a ocupaciones como agentes tutores.
La factura del IBI
Luego vino el primer acuerdo aprobado por el equipo de Gobierno. Presentó la ponencia de valores de la revisión catastral. Según los cálculos municipales,
la factura del IBI de cada madrileño subirá un 5,7 por ciento anual hasta 2021, lo que supondrá un 74 por ciento acumulado. El Consistorio señaló directamente al Gobierno central como responsable de las subidas tributarias. Lo que no narraba el alcalde es que el cálculo es obligatorio, que lo realiza un equipo integrado por funcionarios del Ministerio de Economía y del Ayuntamiento, y que el Gobierno municipal tiene la potestad de variar los tipos e incluir bonificaciones para reducir la subida catastral.
Los recortes continuaban a grandes dosis. Este martes, el Ayuntamiento anunciaba la
fusión de Promoción Madrid y el Patronato de Turismo. La medida se diluía ante la presentación, sin prensa de por medio, del
nuevo Plan Económico Financiero municipal, obligatorio por ley al haber cerrado el ejercicio anterior con un déficit de 754,38 millones. El Gobierno municipal plantea en el documento amortizar 1.351 millones de
deuda para 2015, hasta los 5.657 millones, y, para entonces, ponerse al corriente de pago con los proveedores. Pero el plan tenía trampa; el alcalde condicionaba la viabilidad del plan a que el Gobierno modificase la Ley de Haciendas Locales para poder refinanciar sus amortizaciones de deuda. De esta manera, ponía de nuevo la responsabilidad de la salud de las arcas municipales en manos del Ejecutivo que dirige Elena Salgado y denunciaba las restricciones impuestas para la refinanciación de la deuda a los municipios.
Ahorro "potencial"
Este viernes, en pleno puente de San Juan, los recortes anunciados en la comisión ordinaria de Hacienda y Administración Pública anticipan un verano muy caliente en el Ayuntamiento. El delegado de Hacienda, Juan Bravo, anunció numerosas
medidas de ajuste en el apartado de personal. El Consistorio no sustituirá a 322 trabajadores municipales que se jubilarán a lo largo del año,
ni sacará a concurso 2.995 plazas (1.359 de ellas de Policía Municipal), incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo, que no están presupuestadas. De esta manera, pretende evitar el gasto anual de 14,4 millones de euros y ahorrar "de forma potencial" 134 millones en forma de inversión no presupuestada. En su discurso, el responsable de las cuentas madrileñas explicó que esta decisión sigue "la línea de trabajo de reducción de personal" iniciada en 2010. Los que
sí seguirán adelante son todos los procesos de adjudicación de plazas que ya estaban en marcha, entre ellos 300 puestos para agente de Policía y 450 de bomberos.
También recolocará a los 49 conductores funcionarios que ya no llevan los coches de los concejales, en actividades "necesarias" para la organización municipal.
Los periódicos también reflejaban este viernes nuevos recortes. Según 'El País',
Ruiz-Gallardón prepara un recorte del siete por ciento del gasto corriente en 2012. Eso representa 232 millones de euros, que
podrían ampliarse a más de 500 (un 14 por ciento) si el Ministerio de Economía no modifica la Ley de Haciendas Locales. La razón es que el capítulo de inversiones, aunque el Gobierno municipal pretende que adelgace un 19 por ciento para 2012, de 328 a 264 millones, no tiene suficiente margen de reducción para cubrir los gastos que debe afrontar la ciudad, y debe acometer algunas obras en marcha que ya están comprometidas. Habrá que tocar el gasto corriente porque las cuentas no salen. La hacienda municipal prevé más ingresos para 2012. 4.717 millones derivados de: los impuestos y tasas (4.356 millones, un tres por ciento menos que en 2011) y la segunda parte del
pago por la privatización del Canal de Isabel II que está a la espera de recibir el Consistorio, entre otras facturas. La venta de suelo seguirá en caída libre (pasa de 86 a 20 millones). Tocar el gasto corriente significará el mantenimiento ordinario de la ciudad.
Aire olímpico
Mientras, 'ABC' publicaba que Ruiz-Gallardón también prepara
contratos unificados de limpieza, parquímetros y mantenimiento para ahorrar. La estrategia consistiría en reducir los trabajos de Madrid a cuatro o cinco zonas en la que los trabajadores de las empresas adjudicatarias podrían hacer varias labores. Por ejemplo, el vigilante del Servicio de Estacionamiento Regulado podría avisar de las reparaciones urgentes en las vías públicas, "aprovechando sinergias", según el Gobierno municipal. El Consistorio cambiaría también el modelo de pago, poniéndolo en función de unos parámetros de calidad que, si no se cumplen, se les deducirían de las facturas. Eso sí, el Gobierno municipal no quiere saber nada del personal con el que las empresas realizarían este trabajo.
Una de las posibles válvulas de aire que podría tener el Consistorio es presentar a Madrid a
los Juegos Olímpicos. Con el apoyo de todas las administraciones, el regidor podría condicionar la viabilidad de la tercera candidatura a que el Gobierno abriese la mano con su política económica. Alberto Ruiz-Gallardón tiene apenas unos días para tomar esa decisión y llevarla a Pleno. Supondría, para la ciudad, reavivar el sueño olímpico. Quizás, para él, hacer lo propio con su sueño financiero.