La defensa de los cuatro imputados en el caso en el que se investigan las supuestas vigilancias sufridas por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero Alfredo Prada, ha solicitado a la juez Carmen Valcarcel que se les retire la acusación por un delito de malversación de fondos públicos por falta de pruebas.
La pasada semana, el abogado Enrique Molina presentó ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid un escrito en el que reclama el levantamiento de las imputaciones del ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid,
Sergio Gamón, y de tres ex guardias civiles a cargo de la Consejería de Presidencia Justicia e Interior.
Molina argumenta en el escrito judicial que el informe sobre los posicionamientos telefónicos de la Policía Cientídica no es suficiente para acreditar que Cobo y Prada fueron vigilados
entre abril y mayo de 2008. Además, reclama que comparezca el periodista de
El País que destapó el caso para que revele el nombre de la persona que le entregó los partes, así como el nombre del alto cargo que le confirmó la existencia de contravigilancias.
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El abogado que representa al Partido Socialista de Madrid, personado en la causa, cree en cambio que hay pruebas suficiente para justificar la investigación, además de otras cuyos resultados aún no han llegado al juez y que podría elevar el número de imputados. Los nuevos acusados serían tres ex policías asesores del consejero
Francisco Granados, el empleado público del departamento de Seguridad
José Manuel Pinto y el ex inspector de Policía
Marcos Peña. A instancias del fiscal y del abogado de Alfredo Prada, las imputaciones se sumarían a las de los tres ex guardias civiles
Luis Caro Vinagre,
José Oreja Sánchez y
Antonio Coronado Martínez, así como a la del ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón.
Más imputaciones
La petición de nuevas imputaciones se produce después de que los
informes grafológicos practicados sobre los hasta ahora cuatro imputados en el caso descartaran que su letra coincidía con las anotaciones manuscritas que aparecían en los partes de seguimiento realizados entre abril y mayo de 2008 a Prada y Cobo.
Este procedimiento arrancó el pasado mayo, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por Cobo el 29 de febrero de 2009. La 'mano derecha' de
Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid. Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en
Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a
Brea del Tajo.