La Consejera de Medio Ambiente, Ana Isabel Mariño, zanjó este miércoles la polémica sobre los 107 millones de euros transferidos por el Ministerio de Vivienda y cuyo destino exige conocer ahora Beatriz Corredor.
Tras su reunión con la ministra de Vivienda, Mariño explicó que esa partida, correspondiente a los
700 millones transferidos por el Estado a la Comunidad para políticas de vivienda se ha repartido de la siguiente manera.
Hasta
44,44 millones fueron destinados a subvenciones a promotores y de esta cantidad, un porcentaje de alrededor al 38 por ciento se ingresaron en la cuenta de la Comunidad de Madrid el 18 de febrero; otros
14,7 millones de euros de los reclamados fueron dirigidos también para promotores, de los cuales
11,2 corresponden con las obras de urbanización del Ensanche Norte de Alcorcón. Sobre los
30 millones de euros en materia de rehabilitación que acusaron de no haber justificado, Mariño señaló que 13 fueron destinadas directamente por el Ministerio a actividades gestoras sin pasar por el departamento regional. Del resto, según preciso, son sumas pequeñas que están en trámite de abonar.

Mariño censuró que Corredor haya insinuado que "no saben" donde ha ido a parar ese dinero o que la Comunidad de Madrid "se lo ha quedado", ya que la Comunidad "j
ustifica todos los ingresos". El problema, aclaró, es que hasta que los proyectos no están concluidos, el Ejecutivo no puede presentar las facturas para que se cobren las partidas.
El PSOE pide colaboración
La consejera de Vivienda respondía también así a las críticas del secretario general de los socialistas madrileños
Tomás Gómez, que este miércoles, durante las Jornadas Parlamentarias de Vivienda y Urbanismo convocadas por el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, instaba al Gobierno de Aguirre a abandonar "las luchas partidistas" y a que colaborase con el Estado.
David Pérez, portavoz del PP en la Cámara, le contestó que es Beatriz Corredor la que debería justificar "la existencia misma de su Ministerio, cuyas competencias están transferidas a la Comunidad y sobre el que pesa un mandato del Congreso para ser desmantelado".