El PSOE salva en el Congreso la Ley que evita el cierre de Barajas

Las enmiendas fueron rechazadas por 182 votos (PSOE, CiU, PNV y ERC) y la abstención del PP y el resto de grupos, salvo IU y UPyD, que se quedaron solas en su oposición a la norma. El portavoz de Fomento, Rafael Simancas, negoció hasta última hora para lograr que los grupos que rechazaban el texto retiraran su enmienda, si bien finalmente sólo logró convencer a los nacionalistas vascos y catalanes a cambio de pactar la creación en todos los aeropuertos de una comisión mixta "paritaria" -tres miembros de Estado, tres de las comunidades autónomas- con presidencia rotatoria, que se encargue de regular todos los temas relacionados con las servidumbres acústicas.

Tras el debate, el ministro de Fomento, José Blanco, mantuvo un riffirrafe con los portavoces del PP, IU y UPyD, a los que advirtió que no permitirá que peligre el modelo aeroportuario porque sería "poner en jaque" miles de empleos y poner en enormes dificultades a la industria aérea, aludiendo a la fusión de Iberia-British, en un momento de recuperación, tras el incremento del 3% del tráfico en enero, y que creció un 10% en Madrid-Barajas.

"Si hiciéramos esto estaríamos frenando la capacidad de ser más competitivos y contribuir al desarrollo de nuestro país", incidió Blanco, quien advirtió que no cambiar la ley supondría un despilfarro de 6.000 millones -lo que costó la ampliación de la Terminal 4 de Barajas- y suprimiría 47.000 empleos. Blanco mostró su disposición a volver a hablar con los ayuntamientos -que están legítimamente preocupados- y las comunidades autónomas, dada sus competencias, y a que "opinen y participen" de las resoluciones de los conflictos. No obstante, apuntó que él no fue el responsable del diseño de Barajas, ni el de El Prat, pero aseguró que si AENA tiene una "deuda extraordinaria" ahora hay que optimizarlas.

Simancas desestimó también los argumentos en contra de IU y de UPyD que tildaron el proyecto de "precipitado" para dar respuesta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que podría suponer el cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas. "El Gobierno tiene la responsabilidad de cumplir las resoluciones judiciales, pero también de hacer cumplir el artículo 40 de la CE", afirmó. "Son dos folios, pero nos jugamos buena parte del interés general", incidió.

Por su parte, el portavoz de Fomento del PP, Andrés Ayala, que reprochó la "inercia y la desidia" del Gobierno socialista para resolver estos problemas "de años", incidió en que su voto a favor del texto quedaba "condicionado" al compromiso "básico" por parte del Grupo Socialista de permitir la comparecencia de todos los alcaldes de las localidades afectadas ante la Comisión de Fomento con carácter previo a la tramitación de la ley, "garantizando así que se defiende tanto el interés general como el de los particulares".

 La líder de UPyD, Rosa Díez, se reafirmó en su enmienda de totalidad porque considera que el proyecto de ley sacrifica "de manera desproporcionada" el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sin garantizar el debido equilibrio entre los intereses de la economía nacional y los afectados por el ruido de Barajas, lo que a su juicio supone una lesión al derecho "a la tutela judicial efectiva".