El edil ha tomado esta decisión tras conocerse este miércoles que fue seguido durante el mes de abril por un grupo de ex-policías supuestamente contratados por la Comunidad de Madrid para realizar labores de "contravigilancia y seguridad en edificios públicos". El escrito preparado por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y remitido a la Fiscalía afirma que "de la información publicada se desprende tanto una intromisión ilegítima en la intimidad y propia imagen del vicealcalde de Madrid".
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El documento remitido a la Fiscalía añade que, "al montar un dispositivo de seguimiento con el fin de descubrir contactos y encuentros privados que pudieran dar información utilizable por la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, como el encargo directo a asesores contratados por la misma, pagados, por tanto, con fondos públicos, para la ejecución personal de tan irregular cometido, con intenciones que no se alcanzan a comprender al exceder el ámbito competencial de tal Administración pública". "Por ello se solicita -añade- que, en el caso de estimarlo procedente, por la Fiscalía se tenga a bien practicar las diligencias que estime pertinentes para la comprobación de los hechos y la posible responsabilidad que de los mismos pudiera derivarse".
Refuerzo de la seguridad municipal
El portavoz del Gobierno municipal consideró que el hecho de que personas ajenas a la Seguridad del Estado investiguen y sigan "al vicealcalde de Madrid o a cualquier otro ciudadano" es algo "ilegal, inadmisible y muy grave" que no puede ocurrir en un Estado de Derecho. "Se tiene que aclarar este asunto, la Fiscalía y Administración de Justicia tienen que intervenir porque, con independencia del fondo del asunto y de a quién se le haga, si (los espías) son personas que reciben una cantidad de dinero público, no pueden dedicarse a actuaciones que no son respaldadas por las competencias de esos cargos. Sólo con eso, en mi opinión, ya se está cometiendo un delito y por tanto debe ser investigado", insistió el popular.
Cobo aseguró que este "espionaje parapolicial" no tiene nada que ver ni con la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, ni con su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Descartó que haya podido haber un posible informador de sus movimientos en el Consistorio porque la información sobre su agenda o la de Ignacio González no está a disposición de nadie del Ayuntamiento. También descartó que tenga conocimiento de que otros representantes del Gobierno municipal hayan podido ser investigados.
Anunció que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha encargado al delegado de Seguridad, Pedro Calvo, que extreme la cautela para controlar esta situación porque, "por desgracia y con lo que se vive en este país (en referencia al terrorismo), hay que tener un escolta policial y, en algún momento, se producen actuaciones extrañas y turbias que pueden dar lugar a incidentes muy graves", como por ejemplo, "choques de fuerzas y cuerpos que no estaban suficientemente coordinados".
Colaboración con Interior
El edil también explicó no haber tenido ningún contacto con responsables del Ministerio del Interior, de quien dependen las labores de Inteligencia y Seguridad, aunque indicó que tampoco sabe si estaban en la obligación de comunicarse con él. Con respecto a esto, se mostró convencido de que "todo el mundo colaborará" en la investigación "porque nadie desea que esto esté pasando en Madrid".
El vicealcalde aseguró que ha recibido numerosas muestras de solidaridad por parte de muchos compañeros del Partido Popular que se han mostrado escandalizados por la situación. Aseguró que ha hablado con el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, aunque evitó decir lo que habían hablado aludiendo a que "cada uno tiene que hacer sus manifestaciones públicamente".
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