El Gobierno municipal madrileño ha decidido esta semana presentar un recurso contencioso administrativo contra una resolución del Ministerio de Justicia que inadmitió su reclamación por siete millones de euros por el pago que el Ayuntamiento tuvo que realizar a un particular en noviembre de 2007.
Fuentes municipales sitúan el origen del problema en 1978, año en el que el último alcalde del franquismo, Juan de Arespacochaga, fue relevado por el primero de la transición, José Luis Álvarez. En ese momento los depósitos municipales de vehículos sufrían una tasa de ocupación muy elevada. Como solución, el Ayuntamiento firmó un contrato con el propietario de un depósito en Majadahonda para llevar hasta allí tanto los coches retirados por la grúa municipal como los que le llegaban por resoluciones judiciales.
Tras nueve años de uso de esta instalación, el Ayuntamiento, gobernado entonces por el socialista Enrique Tierno Galván, decidió resolver el contrato y todos los coches enviados hasta Majadahonda por la grúa fueron retirados, si bien los procedentes de decisiones judiciales se dejaron en el mismo lugar.
A finales de 1987 se pidió autorización a un juzgado para retirar esos vehículos y convertirlos en chatarra pero no se recibió ninguna respuesta. En ese momento había 450 coches en Majadahonda por los que el Ayuntamiento de Madrid seguía pagando una cuota. En 1989 el depósito cambio de propietario pero el consistorio no reconoció su legitimidad como tal.
Dos años después, ya con el centrista Agustín Rodríguez Sahagún en la Alcaldía, funcionarios municipales intentaron sin éxito llevarse los vehículos depositados en Majadahonda, pero el nuevo propietario, no reconocido por el Ayuntamiento, quiso cobrar antes los gastos que aseguraba que le correspondían por la estancia de los vehículos.
Tras varios años de cruces de escritos y trámites, en 1998, con José María Álvarez del Manzano al frente de la Casa de la Villa, el propietario del negocio permitió la retirada de los coches y un juez autorizó que se convirtieran en chatarra. Ello no impidió que el dueño siguiera reclamando el dinero que consideraba que le pertenecía por el servicio suministrado a los vehículos.
Finalmente, el 7 de noviembre de 2007, una sentencia firme del Tribunal Supremo obligó al Ayuntamiento a pagar a esta persona 6.993.019 euros en concepto de gastos de "estancia y pupilaje" de los 450 vehículos en situación judicial, que habían permanecido guardados diez años. Para el calculo se tuvieron en cuenta las tarifas que habría pagado un particular en el depósito de la grúa.
El Ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, acató la sentencia y ordenó el pago, pero esta semana ha decidido dirigirse al Ministerio de Justicia por la vía administrativa para reclamarle el abono de la cantidad que desembolsó al particular ya que considera que el importe está motivado por la tardanza de la administración judicial en resolver el litigio.
Si (
No(
