Todo para las periquitas pero sin las periquitas

El cierre de Vive Madrid reaviva el debate sobre la abolición de la prostitución

En la tarde del pasado día 10, fuerzas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil procedieron (por orden emitida por el juez Francisco de Jorge, magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en España) a la clausura de Vive Madrid, local sito en el número 15 de la madrileña calle de Marqués de Viana y frecuentemente marchamado como el mayor prostíbulo de Madrid. Poco después, unas decenas de mujeres vinculadas al local organizaron a sus puertas una manifestación espontánea coreando consignas como “queremos trabajar” y “somos libres”. La mayoría de los medios que cubrieron informativamente el incidente las calificaron de “trabajadoras sexuales”, con alguna excepción, como el diario El Mundo que se refería a ellas como meretrices.

De ahí que antes de entrar de lleno en el asunto, no estaría de más posicionarse en torno a la nominación. De manera formal e histórica, a estas mujeres se las ha llamado cortesanas, hetairas, meretrices o rameras, mientras que en el lenguaje coloquial, grosero y descortés, las referencias más habituales son las de furcias, busconas, golfas, zorras, fulanas o pelanduscas. Por nuestra parte, que se concreta en usuarios iniciados en los años sesenta y setenta del pasado siglo, optamos por hacer una extensión de periquita, sustantivo castizo que evoca a la mujer muy arreglada, presumida o que intenta aparentar ser muy formal. De manera que periquitas de ahora en adelante.

La historia presuntamente delincuencial del local comienza hace una década, en junio de 2015, y dentro de la llamada “Operación Pompeya”, que se pone en marcha en junio de ese año y liderada al alimón por la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria, con el objetivo de actuar contra un entramado societario presuntamente responsable de operaciones de blanqueo de capitales y fraude fiscal, en el que Vive Madrid pudiera ser parte de una red extendida por otras Comunidades como Valencia, País Vasco, Navarra y Murcia. Las autoridades judicial y tributaria estimaban entonces que los beneficios ocultados o blanqueados por esta estructura podrían superar los 150 millones de euros.

En aquella operación fue detenido el propietario de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pero, por lo que sea (los caminos de la justicia española son tanto o más insondables que los del Señor) a estas alturas de la película aún no se ha abierto el juicio oral, por lo que, tras un razonable tiempo de trullo preventivo, Ángel continuaba en libertad. Situación que cambia a principios de este mes de junio tras una redada policial de doce horas -más menos ocho de la tarde a ocho de la mañana-, tras la cual se procedió a la detención de Ángel Crispín, un teniente coronel de la Guardia Civil, J.L.G.M., y la pareja de este, K.K., al parecer de origen búlgaro. El primero y la última han pasado a situación de prisión provisional, mientras que el benemérito ha quedado en libertad con medidas cautelares.

En el contexto ya conocido de posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, se cuela, como al soslayo, el de trata de blancas. Porque, en España, ejercer la prostitución de forma voluntaria y entre adultos no constituye delito, aunque el legislador, quizá pensando que “en el pecado llevan la penitencia”, tal actividad no está regulada como relación laboral, lo que deviene en que las periquitas carecen de derechos laborales o de protección social. Algo que a quien esto escribe le recuerda su propia situación tras ser dado a luz, porque si en el recorrido entre la Maternidad de O’Donnell y la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga, en la entonces plaza de Roma, hoy Manuel Becerra (separados ambos puntos por un kilómetro y trescientos metros), hubiérame ocurrido un accidente fatal, me hubiera pasado unos cientos de miles de millones de años en el limbo, que es a la vez estado y lugar temporal de las almas para la fe católica y, en el caso de las periquitas, limbo jurídico, situación de incertidumbre o suspensión de la persona que queda atrapada en un estado intermedio.

Me aseguran fuentes de toda solvencia que el centenar y medio de periquitas que laboran en Vive Madrid más o menos cotidianamente, además de que ellas griten a los cuatro vientos que “son libres”, lo hacen como bailarinas encuadradas en el Régimen Especial de Artistas, integrado en el Régimen Especial de la Seguridad Social y que sus ingresos proceden del porcentaje, en torno al 50%, que el local les asigna sobre el precio de las copas a las que son invitadas por los parroquianos, y el total de los emolumentos, un 100%, que pacten con el cliente (el putero, clamaría desaforada mi tan admirada Manuela Carmena) a cambio de sus servicios. De manera que de ser esto así, y lo contario habría que probarlo, lo de la trata no hay por donde cogerlo.

Pero abolir la prostitución, intento similar al de prohibir que el Sol salga por el Este (con la excepción de Amanece que no es poco), es idea que, cada cierto tiempo, suele engolosinar a los políticos. Sin ir más lejos, en mayo de 2024, el grupo socialista del Congreso planteó una Proposición de Ley para reformar el Código Penal con una ley abolicionista contra la prostitución. La oposición votó en contra, faltaría más y as usual, al tiempo que sus socios de investidura echaron definitivamente abajo la propuesta por considerar que el proyecto legislativo no iba acompañado de alternativas laborales y habitacionales reales para las afectadas. Plantear que las 115.000 periquitas que el Ministerio de Igualdad estima que ejercen en España (estudios independientes justiprecian la cifra entre 150.000 y 184.000), se esfumen o evaporen como por ensalmo, es una quimera que, a pesar de su absurdez e incongruencia intrínsecas, no es nueva ni ocurrencia sansirolé del PSOE, sino que es propósito y objetivo con larga historia de fracasos a sus espaldas.

A pesar de que tal cosa se ha intentado a lo largo del tiempo y en distintos países, los patrones franceses representan un paradigma a la hora de analizar modelos y consecuencias. En el país vecino, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días se han desarrollados dos grandes alternativas, ambas con sus correspondientes adendas.

La primera, ley Marthe Richard, que lleva el nombre de su defensora, la otrora periquita, aviadora y espía en Madrid durante la Primera Guerra Mundial, fue aprobada el 13 de abril de 1946, poco tiempo después del final de la Segunda Guerra Mundial. La ley abolió el sistema de prostitución regulada y ordenó el cierre inmediato de todos los burdeles o maisons closes (más de 1.400 en todo el país y de ellos alrededor de 200 en París) que operaban legalmente desde 1804. Las consecuencias fueron muy negativas para las trabajadoras sexuales, ya que se vieron expuestas a la calle y terminaron en la miseria y bajo el control de proxenetas independientes.

Casi seis décadas después, en 2003, en presidente Nicolas Sarkozy, reavivó el proyecto abolicionista con leyes y normas que penalizaban la “prostitución pasiva” (ofrecimiento o incitación al comercio sexual) y el ejercicio de la prostitución en la vía pública, pero el enfoque punitivo dio un giro de 180º en 2006 alejando la diana de la oferta para situarla en la demanda. Se derogó el delito de solicitación o merodeo y pasó a castigarse al cliente (¡putero!, vuelve a vociferar Carmena), que requiere servicios sexuales, con multas que empiezan con 1.500 €, pero que pueden elevarse a 3.750 € en caso de reincidencia. Además, a estos se les obliga a asistir a cursos de sensibilización. Otrosí, se planteó un programa de ayudas económicas mensuales, permisos de residencia temporal y asistencia sociolaboral y psicológica para facilitar el abandono de la prostitución.

Una vez más, las leyes y normas no han logrado su propósito de hacer desaparecer la prostitución, sino que simplemente se la ha desplazado hacia la clandestinidad en pisos privados, redes sociales y plataformas de Internet, dificultando muy mucho el acceso a los servicios de ayuda. En paralelo, al obligar a las trabajadoras a perseguir discretamente a sus potenciales clientes, estas se ven obligadas a aceptar condiciones más inseguras con tal de no renunciar sus ingresos. A más a más y rizando el rizo, la clandestinidad ha provocado que estas mujeres estén más expuestas a la violencia, la marginalidad y a la dependencia de las redes de proxenetismo. Por último, sindicatos y colectivos de apoyo refrendan la falta de soluciones reales y el riesgo de expulsión para las trabajadoras migrantes en situación irregular.

Leyes, decretos, normativas, ordenanzas, disposiciones y reglamentos orientados a terminar con la presunta esclavización de las mujeres que se prostituyen, ignorando siempre y olímpicamente el punto de vista de las protagonistas o afectadas.

Y en esto están las de Vive Madrid, amén del medio centenar de trabajadores del local, porteros o camareros, a los que el cierre ha dejado en la prostituta calle, sin que se sospeche, ni de unas ni de otros, que puedan tener la menor relación con los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal de los que se acusa al propietario y a sus presuntos colaboradores.

Dicho de otra forma, vuelta atrás en el tiempo y deificación de la máxima del despotismo ilustrado dieciochesco: todo para las periquitas, pero sin las periquitas.