El quebradero de cabeza de los conductores con discapacidad que circulan por Madrid no es ya solo encontrar un hueco en la que aparcar, sino que ese espacio realmente les permita estacionar y apearse del vehículo en condiciones de seguridad y comodidad.
No todas las plazas de aparcamiento en superficie para personas con movilidad reducida (PMR) se ajustan a la ley y reúnen las condiciones de accesibilidad exigidas. “Ninguna cumple con sus dimensiones ni con su señalización”, afirma Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid), desde donde llevan tiempo reclamando al Ayuntamiento de la capital que solucione lo que para ellos representa un grave problema.
Al deficiente estado de las plazas de aparcamiento suman su reivindicación de que se reserve un 2 por ciento de los espacios disponibles para personas con movilidad reducida, como establece la normativa vigente. “Es decir, de cada cien que están en la vía pública, dos han de ser accesibles y adaptadas. Esto no existe y se vuelve a incumplir la normativa”, denuncia Font.
La normativa a la que alude el presidente de Famma es la ley 8/93 de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.
En Madrid existen en este momento 13.900 plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, pero no hemos conseguido averiguar el número total de plazas de estacionamiento con que cuenta toda la ciudad, lo que nos permitiría acreditar si la denuncia de la Federación tiene o no fundamento.
“El único que podría dar esa información es el propio Ayuntamiento de Madrid, pero no la facilita. No sabemos si porque no tiene datos o porque realmente, su opacidad no se lo permite. Pondría de manifiesto, una vez más, su abandono en el cumplimiento de la normativa vigente”, señala un 'combativo' Javier Font.
Únicamente podemos tomar como referencia los espacios existentes dentro de la zona SER, que representan una pequeña parte de los disponibles en todo Madrid, por lo que seguimos manejando solo estimaciones. "En la ciudad hay 146.095 plazas de estacionamiento regulado, son las únicas que están contabilizadas, y 4.120 plazas de esta cifra son PMR", precisan a Madridiario fuentes del Área Delegada de Movilidad y Medio Ambiente, que rechazan con rotundidad las acusaciones de Famma. "Cumplimos con la legislación vigente y estamos por encima del mínimo establecido, con una tasa del 2,82 %", subrayan.
Denuncia en la Fiscalía
A pesar de ello, la convicción de que no se está haciendo todo lo que se debería llevó el pasado 6 de abril a la Federación a denunciar ante la Fiscalía de Madrid "la situación de incumplimiento sistemático de la ley sobre la concesión de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida por parte del Ayuntamiento”. Según Famma, las nuevas plazas que se están concediendo en la vía pública para estos conductores “incumplen la normativa vigente en referencia a su señalización o su entorno".
La Fiscalía de la Comunidad Madrid ha atendido su reclamación y “ha abierto diligencias preprocesales, solicitando información al Ayuntamiento sobre los hechos denunciados”, explica el presidente de la Federación. Las áreas delegadas a las que se ha requerido la documentación son la de Medio Ambiente y Movilidad y la de Obras y Equipamientos, en quienes recae esta responsabilidad.
Antes de que la Fiscalía entrara en juego, el Ayuntamiento ya había dado los primeros pasos para resolver estas anomalías. Consciente de la necesidad de adecuarse a la normativa, a principios de este año el Consistorio puso en marcha un plan para evaluar la situación de estos espacios y mejorar su accesibilidad y maniobrabilidad. En sus inicios el objetivo era adaptar unas 414 plazas durante este año. En paralelo se proyectaba adjudicar un contrato para ampliar ese estudio a todas las plazas existentes, de modo que progresivamente durante los próximos años pudieran modificarse todas las que lo precisaran.
En la última Junta de Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid aprobó ese contrato que realizará un diagnóstico de todos esos espacios de estacionamiento de forma detallada al objeto de conocer qué actuaciones habría que acometer para adaptarlas de manera adecuada a la normativa vigente en materia de accesibilidad universal.
El contrato está dividido en tres lotes, tiene un importe de 996.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de un año. Una vez obtenida la valoración, los cálculos que se manejan contemplan intervenir desde principios de 2023 cerca de 3.300 plazas al año hasta 2026.
Al gasto en el estudio habrá que añadir lo que cueste adecuar las plazas que no cumplan la normativa. "El coste estimado de adaptación de cada una de las plazas es de unos 1.745 euros", confirman desde el área de Obras. De modo que, en el peor de los casos, el Ayuntamiento pagará una factura que rondará los "25 millones de euros para arreglar su mala gestión en la concesión de las plazas", reprochan desde Famma.
Plan para corregir deficiencias
“De las más de 400 plazas ya estudiadas, se tiene que actuar en prácticamente todas”, trasladan a este diario fuentes del área de Obras. “La razón es que casi todas carecían de señalización horizontal”, precisan. Las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida deben disponer de dos tipos de señalizaciones, vertical y horizontal. La vertical es la placa informativa de color azul de reserva de estacionamiento, mientras que la horizontal es la pintura azul que debe marcar toda la superficie de la plaza con el símbolo internacional de accesibilidad (SIA), la conocida silla de ruedas blanca sobre fondo azul. A eso habría que añadir un espacio que va a la izquierda, a la derecha o en la parte trasera para el embarque o desembarque de una persona en silla de ruedas. Desde Famma aseguran que la mayoría de las plazas existentes no cuenta con todos estos elementos.
La explicación, indican en el área de Obras, es que buena parte de las plazas para personas con movilidad reducida son anteriores a la normativa, de ahí que no cumplan estrictamente todos los requisitos y que se haya activado este plan para adaptarlas. Además, muchas de estas plazas fueron creadas sin tener en cuenta elementos del mobiliario urbano en el entorno de la plaza de parking que impiden la correcta maniobra de alguien que por ejemplo se desplaza en silla de ruedas, como bancos, papeleras, farolas o árboles, e incluso la ausencia de otros elementos básicos como rampas para subir a la acera.
Entre las necesidades más frecuentes detectadas hasta ahora en las plazas en las que se está actuando se encuentran “desplazar mobiliario urbano, mover señalización vertical, ejecutar rampas o llevar a cabo señalización horizontal”, apuntan en el área de Obras. En general, los trabajos van a consistir en ampliar las dimensiones de estos espacios, construir vados que faciliten el acceso al itinerario peatonal y señalizar correctamente.
El Ayuntamiento pretende corregir todas estas deficiencias siempre dentro de lo que le permita la fisonomía de la ciudad, teniendo en cuenta “las dificultades existentes en algunas zonas de la ciudad consolidada para cumplir la normativa en toda su extensión”. En estos casos, la propia normativa permite exceptuar el cumplimiento de determinados requisitos establecidos de manera excepcional. En esos casos, se buscarán “las soluciones de adecuación efectiva que garanticen la máxima accesibilidad y seguridad posibles, y en todo caso se aplicará la solución que más beneficie a las personas objeto de su uso, las personas con movilidad reducida”.
Famma pide un plan director
Para Javier Font el anuncio de este contrato aprobado por el Ayuntamiento es una maniobra de distracción para “despistar a la Fiscalía”, ganar tiempo y conseguir que la opinión pública piense “que hay buena predisposición, dejamos que pase el tiempo, se olvida y se acabó todo pero, de lo que se trata es de una pésima gestión”. Argumenta el presidente de Famma que el Consistorio sabe perfectamente dónde están esas plazas y cómo están, porque las ha concedido. Por eso la Federación cree que "es hora de actuar y no de estudiar”.
“Nosotros pedimos un plan director, una memoria económica, en definitiva, una estrategia. ¿Cómo es posible que esté hablando de intervenir en más de 3.000 plazas al año, en un máximo de cuatro años, si no han hecho el estudio?”, se pregunta Font, quien añade que “los 996.000 euros que se van a gastar en un estudio que durará un año, según dicen, bien se podían emplear para pintar las plazas”, sugiere. Y reprocha que no haya una “memoria económica” ni “reservas de partidas presupuestarias para la pintura con carácter anual”.
Sobre la distribución de las plazas, Font asegura que “sólo se están ubicando las que se solicitan en los domicilios, centros de trabajo y centros de la administración estatal, autonómica o local”. Pero insiste en que no se están ejecutando de manera correcta, “porque no están bien pintadas, ni diseñadas con la obra civil que corresponde con lo que determina la normativa”.
El procedimiento para solicitar que se destine una plaza de parking a vehículos de personas con movilidad reducida es más o menos sencillo pero muy lento. “Incluso rechazan habilitar dos plazas para un mismo portal cuando en él viven dos personas distintas, con derecho a plaza concedida. Las personas afectadas deben recurrir su denegación ante la Administración porque tienen derecho a ella, pero resuelven con que, si hay una, dicen que se turnen”, se lamenta Font.
Entre los motivos que llevan a Famma a mostrarse tan combativa con el aparcamiento está el poco respeto por esas plazas que demuestran algunos conductores. “Por eso estamos pidiendo, principalmente, la señalización, porque disuade las malas prácticas de ocupar esas plazas por personas que no están autorizadas para ello”, aclara Font, quien considera que “debería aumentar tanto la vigilancia como las sanciones”, no solo contra quienes no respetan esos espacios. “Existen también muchas tarjetas de uso fraudulento que hay que perseguir, somos los primeros en reclamar esa persecución”, concluye el presidente de esta Federación que representa y defiende a las personas con discapacidad.
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