A lo largo de los últimos meses, agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo un operativo enfocado en combatir la proliferación de construcciones ilegales en la Comunidad de Madrid, especialmente en los municipios de Fuente el Saz del Jarama, Algete, Mejorada del Campo y Chinchón, dentro del marco de la 'Operación Cimientos 24'.
La función de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil consiste en asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales, así como en investigar los delitos que afectan a la protección del medio ambiente. Entre estos delitos se incluyen aquellos que infringen las regulaciones sobre ordenación del territorio y urbanismo.
La UPRONA de la Comandancia de Madrid, en colaboración con la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, así como con técnicos municipales y policías locales de diversos ayuntamientos, ha llevado a cabo 90 inspecciones relacionadas con construcciones ubicadas en Fuente el Saz del Jarama, Chinchón, Mejorada del Campo y Algete, debido a la creciente cantidad de edificaciones ilegales en suelo no urbanizable.
Las inspecciones se llevaron a cabo en dos fases de explotación entre junio y noviembre. Como resultado de estas acciones, han investigado a 81 individuos por llevar a cabo construcciones ilegales en terrenos no urbanizables y protegidos. Además, dos personas enfrentan cargos por usurpación de agua y defraudación de fluidos y electricidad, mientras que otra persona ha sido denunciada por desobediencia a la Autoridad al ignorar la resolución del precinto y la paralización de obras emitida por el Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
Han presentado 80 informes-denuncias a los Ayuntamientos correspondientes, además de la investigación por el delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Estos informes solicitan que se ratifiquen las medidas de denuncia y paralización de las obras que se han detectado como ilegales, así como que se inicien los procedimientos necesarios para restablecer la legalidad urbanística, lo que podría incluir la demolición de la construcción en caso de ser necesario.
La protección de la ordenación del territorio y el urbanismo, que impactan de manera significativa en el medio ambiente y en las especies de flora y fauna que lo habitan, se ve favorecida por este tipo de operativos. El objetivo es alcanzar un uso sostenible de los espacios y salvaguardar los recursos naturales en la Comunidad Autónoma.
Los asentamientos y urbanizaciones ilegales carecen de una adecuada pavimentación y viales, además de no contar con iluminación ni hidrantes debido a la falta de suministro de agua potable. Esta situación precaria aumenta el riesgo tanto para las viviendas como para sus habitantes en caso de incendios o inundaciones, ya que se localizan en áreas no urbanizables e incluso propensas a inundaciones.
La dificultad de acceso a los recursos de emergencia en situaciones de catástrofe puede complicar la evacuación o la extinción de incendios forestales. Por lo tanto, la lucha contra la proliferación de asentamientos de este tipo no solo se centra en la protección del medio ambiente, sino que también busca eliminar el riesgo que estas viviendas y urbanizaciones representan para la seguridad de sus habitantes.
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